El futuro de las personas con discapacidad y el reconocimiento de sus derechos a recibir unos servicios sociales inclusivos, modernos y necesarios está en juego.
El Gobierno de Canarias ha elevado a consulta pública una propuesta de Catálogo de Servicios Sociales que presenta muchas deficiencias, basada en un modelo asistencialista y centrada en la dependencia. Debemos tener en cuenta que en Canarias solo el 7,6% de su población potencialmente dependiente recibe estas atenciones.
Las personas con discapacidad en Canarias están en una situación de desventaja y desigualdad respecto al resto del territorio Nacional, por ejemplo, en Navarra hay un profesional de los Servicios Sociales de atención primaria por cada 745 habitantes, en Canarias un profesional por cada 3.219habitantes!
La publicación de un Catálogo que no amplifica e integra el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, hará que este tipo de desigualdad con el territorio nacional se siga amplificando.
Entre las carencias que este documento incluye, a continuación, resaltamos algunas muy significativas, para entender la importancia que tiene la elaboración de una Cartera de Servicios Sociales digna:
-Atención temprana, básica para el futuro desarrollo de las personas con discapacidad.
-Servicio de accesibilidad en la comunicación, con el consiguiente desarrollo, provisión y apoyo al uso de adaptaciones visuales, auditivas, materiales o tecnológicas en diferentes ámbitos (trabajo, vivienda, transporte u otros).
-Centro ocupacional, para que las persona puedan ejercer su derecho a un trabajo y recibir el apoyo necesario para mantenerlo.
-Servicio de apoyo especializado en conducta, dirigido a personas con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o trastornos de salud mental que presentan requerimientos de apoyo extenso y/o dificultades de regulación en el área emocional-conductual.
-Aparece la tutela de menores y mayores, pero no se incluye la tutela de las personas con discapacidad.
-Apoyo en el entorno habitual, con el que se evitaría la institucionalización de las personas con discapacidad y con el que se facilitaría su autonomía y su incorporación activa en la vida de la comunidad.
No solo los puntos anteriores muestran una realidad a la que todavía se enfrentan las personas con discapacidad: la lucha por el reconocimiento de sus derechos, sino que, además, como Comunidad Autónoma seguimos suspendiendo en temas de Servicios Sociales tal y como arroja la puntuación del estudio Índice DEC, Índice de desarrollo de los servicios sociales, en el que Canarias se sitúa entre las 3 peores comunidades autónomas del país.
Desde el tercer sector hemos comunicado reiteradamente al Gobierno regional nuestras peticiones para asegurar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Nuestro propósito es realizar aportaciones que favorezcan un nuevo modelo de servicios sociales públicos, integrados, inclusivos y universales enmarcados en un proyecto amplio, que, desde el desarrollo sostenible, no deje a nadie atrás.
Por eso, solicitamos que el Gobierno escuche y tome en consideración las propuestas del tercer sector, tal y como había prometido. Queremos colaborar junto con la administración pública en situar a Canarias “como una sociedad avanzada, en donde se promueva una plena ciudadanía en derechos y oportunidades”.
