LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. - LAURA JIMÉNEZ
El juzgado obliga a dos pensionistas minusválidas a abandonar su piso alquilado. El 15-M ha convocado una manifestación para intentar detener el desahucio.
A Araceli Ramos se le acaba el tiempo. Tiene marcado en rojo en el calendario el día 6 de julio. Para entonces espera la visita de un agente judicial y varios policías que deberán asegurarse de que ella y su madre abandonan su casa en la calle Manuel de Falla de Las Palmas de Gran Canaria. “Dentro de dos semanas nos ponen en la calle”, confirma. De momento ha pedido el apoyo de los indignados acampados en el Parque de San Telmo, en la capital grancanaria, que ya están organizando una acción para parar el desalojo.
“Somos dos personas minusválidas” explica Araceli, “a mí se me retiró mi pensión indebidamente, y no se admitió ningún recurso”. El caso de esta mujer, que tiene reconocido un 69% de discapacidad y cuida de su madre de 79 años y enferma de Alzheimer, es particular. No se ha visto afectada por la ejecución de su hipoteca ni es el banco quien planea quitarle la casa. Hasta ahora vivía en un piso de alquiler por el que pagaba 400 euros directamente a la constructora del inmueble, Augesvi S.L., pero hace un año y medio que no ingresa la mensualidad, justo el tiempo que ha pasado desde que le quitaron la paga de 339 euros por invalidez.
Araceli asegura que ha hecho todo lo posible por seguir ingresando lo que podía. “En un principio llegamos a un apalabramiento”, afirma, “incluso en el mes de febrero, cuando había pedido el deshaucio, que yo no lo sabía, le ingresé 600 euros de venta de objetos personales”. El pasado 13 de junio el Juzgado de 1ª Instancia número 4 de Las Palmas dió la razón a su arrendatario. Y las gestiones han ido más rápido de lo que ella podía esperar. En mayo recibió la primera notificación de desahucio, previsto para el 23 del próximo mes. Tras el juicio, la orden se adelantó al día 6. “Me parece que no es ético que una persona no te de tiempo ni para vender tus enseres y poder buscar alguien que te alquile”, dice.
“Si fuera un particular, yo no hubiera llegado a esto”, admite, “pero es una constructora, no se va a quedar pobre”. Araceli y su madre viven con los 339 euros de la única pensión que les queda. Desde que en 2010 le acusaran de pasar 90 días en el extranjero y, por tanto, le retiraran el derecho a la ayuda, han ido ingresando lo que han podido, pero la inmobiliaria les reclama, además, 80 euros por cada mes que han vivido en el apartamento. Según Araceli, llegaron a un acuerdo con el arrendatario para pagar 400 euros en lugar de los 480 del alquiler. “En el juicio no lo explicó así, pero existen las facturas”, apostilla, “en ningún momento tuve mala fe”.
Los indignados del 15-M acampados en san Telmo han convocado para el mismo día del desahucio una manifestación con la que intentarán evitar el desalojo. Es la primera acción de este tipo en LPGC, pero les avala el éxito de otras acciones de este tipo que se han sucedido por varias ciudades españolas.
El apoyo de los acampados no es extraordinario. Araceli es una más de la “familia”. Lleva visitando la plaza desde que comenzó la protesta y no ha faltado a ninguna concentración, a las que ha llevado también a su madre, que necesita una silla de ruedas, cuando no muletas, para poder desplazarse.
Dicen algunos que del amor al odio media solamente un minúsculo paso. Especialmente, cuando el despecho anda de por medio. Pero si las cosas del corazón siempre son complicadas, los conflictos suelen estallar aún con mayor fuerza cuando los matrimonios supuestamente bien avenidos se basan en la pura y dura conveniencia. Para comprobar cómo pueden terminar estos interesados idilios basta fijarse en estas fechas en el penoso espectáculo que nos está ofreciendo Don Pepito Rodríguez, ese freak autóctono director del diario tinerfeño El Día.
