
viernes, 30 de enero de 2009
Otro paso atrás
Francisco PomaresInés Rojas me parece una mujer discreta, competente y trabajadora. Creo que en el ejercicio de sus competencias y responsabilidades al frente de la Consejería de Bienestar Social Gobierno, ha logrado reducir los aspectos más peligrosos del discurso filo xenófobo de Rivero –algo de lo que me alegro mucho- y ha evitado que el racismo magurrio y ramplón se nos colara por las esquinas. Sin embargo, el acuerdo alcanzado ayer en el Parlamento de Canarias –a propuesta de su departamento, y con el apoyo del PP y Coalición- me parece un triste y mezquino precedente.
Lo es sobre todo, porque la propuesta aprobada, si llegara a ser incorporada a la Ley de Extranjería, como pide el Parlamento- supondría un retroceso de décadas en la consideración legal de la infancia. Simplificando bastante el asunto, lo que ocurre es que las leyes y normas actuales no contemplan la figura del niño como inmigrante ‘ilegal’. En la legislación española, los niños son niños y los derechos de los menores prevalecen sobre su consideración de extranjeros o indocumentados.
La presión económica que supone atender a los menores inmigrantes es elevada, sin duda, y se percibe con más inquietud en estos tiempos de crisis. No supone los 30.000 euros por niño y año que se ha dicho tan alegremente, ni ha puesto nunca en peligro las arcas públicas canarias, pero aún así parece razonable buscar algún método que permita que los costes que supone esa atención se repartan solidariamente entre regiones y administraciones. El egoísmo presupuestario que caracteriza a las Autonomías, y la falta de interés del Gobierno de España en resolver un asunto que no es su competencia directa, ha provocado encontronazos y polémicas, incumplimiento de compromisos políticos y el repunte de la demagogia y las mentiras como instrumento de presión frente a Madrid.
Finalmente, el Gobierno de Rivero ha optado por la peor de las fórmulas, que es la del recurso a modificar legalmente el estatus jurídicos de los niños emigrantes, en los que se pretende que prevalezca lo que es accesorio –son emigrantes- sobre lo que es fundamental –son niños-. Ese y no otro es el verdadero meollo de la cuestión, eso es el fondo de lo que se discutió y aprobó ayer en el Parlamento, una decisión que proyecta el mensaje -en román paladino- de que Canarias no quiere cargar con niños emigrantes. Una miserable y mezquina vergüenza más que añadir a las vergüenzas de este tiempo, que ni oculta ni justifica el hecho de que nadie –Canarias no, pero tampoco las otras regiones o el Estado- quiere hacerse cargo de los críos y lo que cuesta atenderlos e integrarlos.
Siento que sea precisamente a una buena mujer, Inés Rojas, a quien le toque defender esta nueva legislación que –prospere o no en Madrid- forma ya parte de la historia de la iniquidad.
Lo es sobre todo, porque la propuesta aprobada, si llegara a ser incorporada a la Ley de Extranjería, como pide el Parlamento- supondría un retroceso de décadas en la consideración legal de la infancia. Simplificando bastante el asunto, lo que ocurre es que las leyes y normas actuales no contemplan la figura del niño como inmigrante ‘ilegal’. En la legislación española, los niños son niños y los derechos de los menores prevalecen sobre su consideración de extranjeros o indocumentados.
La presión económica que supone atender a los menores inmigrantes es elevada, sin duda, y se percibe con más inquietud en estos tiempos de crisis. No supone los 30.000 euros por niño y año que se ha dicho tan alegremente, ni ha puesto nunca en peligro las arcas públicas canarias, pero aún así parece razonable buscar algún método que permita que los costes que supone esa atención se repartan solidariamente entre regiones y administraciones. El egoísmo presupuestario que caracteriza a las Autonomías, y la falta de interés del Gobierno de España en resolver un asunto que no es su competencia directa, ha provocado encontronazos y polémicas, incumplimiento de compromisos políticos y el repunte de la demagogia y las mentiras como instrumento de presión frente a Madrid.
Finalmente, el Gobierno de Rivero ha optado por la peor de las fórmulas, que es la del recurso a modificar legalmente el estatus jurídicos de los niños emigrantes, en los que se pretende que prevalezca lo que es accesorio –son emigrantes- sobre lo que es fundamental –son niños-. Ese y no otro es el verdadero meollo de la cuestión, eso es el fondo de lo que se discutió y aprobó ayer en el Parlamento, una decisión que proyecta el mensaje -en román paladino- de que Canarias no quiere cargar con niños emigrantes. Una miserable y mezquina vergüenza más que añadir a las vergüenzas de este tiempo, que ni oculta ni justifica el hecho de que nadie –Canarias no, pero tampoco las otras regiones o el Estado- quiere hacerse cargo de los críos y lo que cuesta atenderlos e integrarlos.
Siento que sea precisamente a una buena mujer, Inés Rojas, a quien le toque defender esta nueva legislación que –prospere o no en Madrid- forma ya parte de la historia de la iniquidad.
lunes, 26 de enero de 2009
jueves, 22 de enero de 2009
285.000 euros los arreglos en la residencia oficial del presidente

TERESA CÁRDENES - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
El Gobierno de Canarias ha gastado en realidad casi trescientos mil euros en la reforma de la residencia oficial del presidente, Paulino Rivero, en Las Palmas de Gran Canaria. El importe total de la obra ascendió a 285.000 euros y, además de la pintura y la reforma completa de cinco cuartos de baño, incluyó otros conceptos, como la reposición completa de la cocina y de los suelos, además de arreglos en la instalación eléctrica de la vivienda, que elevaron la factura total a 165.000 euros más, frente a los 120.000 inicialmente previstos. Todas las obras se realizaron por un sistema de adjudicación directa y en al menos uno de los casos a través de un contrato negociado sin publicidad.
martes, 20 de enero de 2009
Aumenta el paro en Canarias

AUMENTA EL PARO, AUMENTA EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CONTRA EL PARO, SIGUE AUMENTANDO EL PARO... ¿QUÉ PASA?-
495.064.483 euros. Presupuesto para políticas activas de formación y empleo para 2007 y 2008-En esos 24 meses el desempleo creció un 66%, para pasar de 122.153 parados registrados por el Inem en diciembre de 2006 a 202.993 en la misma mensualidad de dos años después.-261.652.460 euros. El presupuesto del Servicio Canario de Empleo sigue aumentando.
domingo, 18 de enero de 2009
Chivos expiatorios

Francisco Pomares
No me sorprende que Rivero mienta cuando hace referencia a la situación de las listas de espera. Pero me indigna su ocurrencia de responsabilizar otra vez de la espera y del colapso creciente del sistema sanitario a la emigración que llega a las islas: “aunque sean irregulares tienen sanidad gratuita, y eso ha desequilibrado el sistema”, dijo ayer.
Ocurre que el discurso xenófobo más frecuente en las islas atribuye las listas a la necesidad de atender a los que llegan en pateras. Nada más falso: los emigrantes que llegan a las costas tienen una salud excelente. Llegan agotados, helados y sedientos, pero es falso que lleguen enfermos y colapsen los servicios sanitarios: del total de los llegados entre octubre de 2006 y octubre de 2007, sólo el uno por ciento -202 personas- tuvieron que ser trasladados a centros sanitarios de Atención Primaria o a hospitales. Si dos centenares de enfermos más al año colapsan el sistema, es que algo va requetemal. Esos datos, que se hicieron públicos en diciembre de 2008, han obligado a Rivero a adaptar su vieja trola recurrente: ahora ya no responsabiliza a los que llegan en pateras, sino a los que entran por los aeropuertos.
Canarias ha crecido el último año en menos de 50.000 personas, y todos los años llegan a Canarias 12 millones de turistas. No hay estudio que desmienta esta nueva falacia sobre la emigración, pero –a ojo de buen cubero- resulta obvio que el turismo tiene una incidencia infinitamente superior sobre el colapso del sistema sanitario de la que tienen los inmigrantes, que además suelen ser en su mayoría gente joven y sana.
La insistencia de Rivero en culpar de los males de la tierra a los de fuera –no a todos, sólo a los pobres- es realmente patológica: responde a una forma siniestra de entender los valores humanos. Se culpa al inmigrante de ocupar la cama que le corresponde al canario, quedarse con su trabajo y con la plaza escolar de su hijo. Y si los inmigrantes tienen la culpa, entonces no es del Gobierno.
El hecho es que el Gobierno es responsable de muchas cosas, pero no de todas: no lo es de esta crisis, ni tampoco lo es –no exclusivamente- del descontrol en la Sanidad o la Educación. Un líder político debería explicar que no hay varitas mágicas para solucionar los problemas, que hace falta tiempo, recursos, imaginación y esfuerzo de todos.
Pero es más fácil buscar un chivo expiatorio y endosarle el creciente malestar social a cuenta de la crisis. Mal vamos con este discurso miserable…

jueves, 15 de enero de 2009
Falsedades sobre la RIC
Francisco Pomares
Una información de Agencia aseguraba ayer que el Ministerio de Economía y Hacienda asegura que aún “no hay nada decidido” en relación con la materialización de la Reserva de Inversiones cuyo plazo finaliza el 31 de diciembre del pasado año, pero que “se estudia aún el caso”. Eso es falso de toda falsedad.
El Ministerio no puede seguir estudiando una posible moratoria para la RIC que vencía el 31 de diciembre, porque a esa fecha ya tiene que estar materializada. Si no lo está hay que pagar el impuesto, y si se estableciera una moratoria con fecha posterior al vencimiento del plazo, ya concluido, sólo podría ser para la RIC que vence el 31 de diciembre del 2009 –la de 2005-, porque si se hiciera de otra manera, se crearía un agravio diferencial con quienes hayan cumplido la ley, que debe ser igual para todos.
Hay un enorme desconocimiento sobre el funcionamiento de la reserva de inversiones, sus ventajas e inconvenientes que provoca que se digan muchas tonterías. La reserva es un mecanismo especial, diseñado para capitalizar las empresas canarias con dinero de todos los contribuyentes españoles, que permite no pagar hasta el 90 por ciento del impuesto sobre el beneficio –el 30 por ciento del beneficio empresarial- si la totalidad de ese beneficio se invierte en determinados activos –básicamente maquinaria e inmuebles necesarios para el desarrollo de la actividad, pero también deuda pública válida para RIC- en los cuatro años posteriores al beneficio. Por eso, cuando un empresario se acoge a la RIC, se compromete a invertir todo el beneficio obtenido, en su propia empresa antes de cuatro años, y a mantener esa inversión durante otros cinco. Esa es la ley.
Es falso que el dinero de la RIC esté ocioso: mientras espera ser materializado está –como el resto del dinero- en los bancos, que lo utilizan para inyectarlo en la economía, o es utilizado por las propias empresas para lo que necesiten, cualquier cosa. Pero al cuarto año, ese dinero tiene que ser invertido. Lo que se pretendía con la moratoria era retrasar la inversión otro año más, porque muchos empresarios han usado los fondos RIC en actividades que no son RIC y ahora no consiguen que los bancos les presten para materializar las inversiones. O sí lo consiguen, pero prefieren esperar a que el precio de los inmuebles caiga aún más, y hacer un buen negocio.
El asombroso apoyo del Gobierno de Canarias a una moratoria injusta y perjudicial –sólo beneficia a los empresarios- ha provocado más confusión y desinterés inversor y acabará por costarle a Canarias mil millones de euros que habrá que pagar en impuestos atrasados a Madrid. Precisamente cuando Canarias necesita más que ese dinero se quede aquí.
Si alguien entiende a qué juega el Gobierno regional, que nos lo explique.
Una información de Agencia aseguraba ayer que el Ministerio de Economía y Hacienda asegura que aún “no hay nada decidido” en relación con la materialización de la Reserva de Inversiones cuyo plazo finaliza el 31 de diciembre del pasado año, pero que “se estudia aún el caso”. Eso es falso de toda falsedad.
El Ministerio no puede seguir estudiando una posible moratoria para la RIC que vencía el 31 de diciembre, porque a esa fecha ya tiene que estar materializada. Si no lo está hay que pagar el impuesto, y si se estableciera una moratoria con fecha posterior al vencimiento del plazo, ya concluido, sólo podría ser para la RIC que vence el 31 de diciembre del 2009 –la de 2005-, porque si se hiciera de otra manera, se crearía un agravio diferencial con quienes hayan cumplido la ley, que debe ser igual para todos.
Hay un enorme desconocimiento sobre el funcionamiento de la reserva de inversiones, sus ventajas e inconvenientes que provoca que se digan muchas tonterías. La reserva es un mecanismo especial, diseñado para capitalizar las empresas canarias con dinero de todos los contribuyentes españoles, que permite no pagar hasta el 90 por ciento del impuesto sobre el beneficio –el 30 por ciento del beneficio empresarial- si la totalidad de ese beneficio se invierte en determinados activos –básicamente maquinaria e inmuebles necesarios para el desarrollo de la actividad, pero también deuda pública válida para RIC- en los cuatro años posteriores al beneficio. Por eso, cuando un empresario se acoge a la RIC, se compromete a invertir todo el beneficio obtenido, en su propia empresa antes de cuatro años, y a mantener esa inversión durante otros cinco. Esa es la ley.
Es falso que el dinero de la RIC esté ocioso: mientras espera ser materializado está –como el resto del dinero- en los bancos, que lo utilizan para inyectarlo en la economía, o es utilizado por las propias empresas para lo que necesiten, cualquier cosa. Pero al cuarto año, ese dinero tiene que ser invertido. Lo que se pretendía con la moratoria era retrasar la inversión otro año más, porque muchos empresarios han usado los fondos RIC en actividades que no son RIC y ahora no consiguen que los bancos les presten para materializar las inversiones. O sí lo consiguen, pero prefieren esperar a que el precio de los inmuebles caiga aún más, y hacer un buen negocio.
El asombroso apoyo del Gobierno de Canarias a una moratoria injusta y perjudicial –sólo beneficia a los empresarios- ha provocado más confusión y desinterés inversor y acabará por costarle a Canarias mil millones de euros que habrá que pagar en impuestos atrasados a Madrid. Precisamente cuando Canarias necesita más que ese dinero se quede aquí.
Si alguien entiende a qué juega el Gobierno regional, que nos lo explique.
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