Acampada Reivindicativa Lolo Dorta
El Gobierno de Canarias se dispone a aprobar en breve el Anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, una norma con la que supuestamente, dicen desde la Consejería de Turismo, pretenden promover, entre otras cuestiones, un desarrollo sostenible del uso turístico de viviendas que pasa por reducir su cantidad, garantizar la efectividad del derecho de toda la ciudadanía a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y a precios asequibles, la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, y la apuesta por una movilidad sostenible o el fomento y la garantía de la convivencia social.
El asunto es que según me vengo informando por lo que leo, veo y me cuentan, este anteproyecto ha contabilizado más de 3.000 alegaciones, muchas de ellas negativas, y algunas muy contundentes y exhaustivas, como la de la Fundación César Manrique, una institución multipremiada y muy reconocida en Canarias y fuera de Canarias por su defensa de la cultura y el medio ambiente del Archipiélago. Este informe, avalado además por seis reconocidos académicos expertos en la materia de distintas universidades y países, pide una enmienda a la totalidad de la ley, esto es, su retirada inmediata, por una larga lista de irregularidades y despropósitos, por permitir de facto en su articulado lo contrario de lo que dicen defender.
La Acampada Reivindicativa Lolo Dorta, colectivo social canario vinculado desde hace años a la lucha por el derecho a una vivienda digna, comparte las críticas a la ley de la Fundación Cesar Manrique, entre otras cosas por lo siguiente:
Porque en la actualidad hay más de 61.000 viviendas vacacionales en Canarias (el 17,5% del total de España), pero la nueva norma permite crecer hasta más del doble, una auténtica locura, en especial en las islas de La Gomera, La Palma y El Hierro donde se permite hasta un 20% del total de viviendas. Tampoco parece que haya en el Gobierno de Canarias intenciones, ni partidas presupuestarias, ni personal, ni obligación de fiscalizar nada, y mucho menos de reducir el número, más bien al contrario, se facilita enormemente que se actualicen y continúen todas las viviendas vacacionales que ya hay, sabiendo como se sabe que son muchas las viviendas vacacionales ilegales que hay. En la misma línea derivan la mayoría del trabajo y competencias a los ayuntamientos, con los ayuntamientos claramente en contra de la norma por diversos motivos (miedo a tener que enfrentar indemnizaciones y denuncias, tope del 10% excesivo o corto, excesiva burocracia y poca claridad, falta de personal, gastos añadidos, competencias que no son municipales, no tener en cuenta las aportaciones de los ayuntamientos). Cabe esperar por tanto que los ayuntamientos hagan la vista gorda con la norma y no la apliquen. Por otra parte, ayuntamientos y empresas del vacacional avisan de los serios riesgos que hay de que las administraciones tengan que enfrentar pagos e indemnizaciones importantes por denuncias futuras, una auténtica temeridad seguir adelante sabiendo lo que viene, con cargo a las arcas públicas. También denuncian la AR Lolo Dorta y el informe de la Fundación que la norma pretende extender el modelo vacacional a todo el territorio, incluidas medianías, pueblos, aldeas, zonas agrícolas y cualquier rincón que se les ocurra, otra auténtica barbaridad insostenible. Nada bueno tampoco que se vayan a rebajar notablemente los requisitos de calidad del modelo, lo que va en detrimento del nivel de nuestra oferta turística. Lamentable también resulta que se favorezca claramente a empresas y grandes tenedores en perjuicio de los pequeños propietarios, y no menos grave es que la norma permita numerosos cambios de uso y planeamiento de suelo rústico o residencial a turístico.
En resumen, por todo esto, comparto también yo la necesidad de retirar o anular la mencionada ley, y tal como pide la AR Lolo Dorta, también yo pido que se cese de su cargo o dimita la Consejera de Turismo responsable de esta ley tan lesiva para Canarias, y que se apruebe con urgencia una moratoria a la concesión de nuevas autorizaciones a viviendas vacacionales en Canarias, en tanto en cuanto se elabora un Reglamento que sirva.
El asunto es que según me vengo informando por lo que leo, veo y me cuentan, este anteproyecto ha contabilizado más de 3.000 alegaciones, muchas de ellas negativas, y algunas muy contundentes y exhaustivas, como la de la Fundación César Manrique, una institución multipremiada y muy reconocida en Canarias y fuera de Canarias por su defensa de la cultura y el medio ambiente del Archipiélago. Este informe, avalado además por seis reconocidos académicos expertos en la materia de distintas universidades y países, pide una enmienda a la totalidad de la ley, esto es, su retirada inmediata, por una larga lista de irregularidades y despropósitos, por permitir de facto en su articulado lo contrario de lo que dicen defender.
La Acampada Reivindicativa Lolo Dorta, colectivo social canario vinculado desde hace años a la lucha por el derecho a una vivienda digna, comparte las críticas a la ley de la Fundación Cesar Manrique, entre otras cosas por lo siguiente:
Porque en la actualidad hay más de 61.000 viviendas vacacionales en Canarias (el 17,5% del total de España), pero la nueva norma permite crecer hasta más del doble, una auténtica locura, en especial en las islas de La Gomera, La Palma y El Hierro donde se permite hasta un 20% del total de viviendas. Tampoco parece que haya en el Gobierno de Canarias intenciones, ni partidas presupuestarias, ni personal, ni obligación de fiscalizar nada, y mucho menos de reducir el número, más bien al contrario, se facilita enormemente que se actualicen y continúen todas las viviendas vacacionales que ya hay, sabiendo como se sabe que son muchas las viviendas vacacionales ilegales que hay. En la misma línea derivan la mayoría del trabajo y competencias a los ayuntamientos, con los ayuntamientos claramente en contra de la norma por diversos motivos (miedo a tener que enfrentar indemnizaciones y denuncias, tope del 10% excesivo o corto, excesiva burocracia y poca claridad, falta de personal, gastos añadidos, competencias que no son municipales, no tener en cuenta las aportaciones de los ayuntamientos). Cabe esperar por tanto que los ayuntamientos hagan la vista gorda con la norma y no la apliquen. Por otra parte, ayuntamientos y empresas del vacacional avisan de los serios riesgos que hay de que las administraciones tengan que enfrentar pagos e indemnizaciones importantes por denuncias futuras, una auténtica temeridad seguir adelante sabiendo lo que viene, con cargo a las arcas públicas. También denuncian la AR Lolo Dorta y el informe de la Fundación que la norma pretende extender el modelo vacacional a todo el territorio, incluidas medianías, pueblos, aldeas, zonas agrícolas y cualquier rincón que se les ocurra, otra auténtica barbaridad insostenible. Nada bueno tampoco que se vayan a rebajar notablemente los requisitos de calidad del modelo, lo que va en detrimento del nivel de nuestra oferta turística. Lamentable también resulta que se favorezca claramente a empresas y grandes tenedores en perjuicio de los pequeños propietarios, y no menos grave es que la norma permita numerosos cambios de uso y planeamiento de suelo rústico o residencial a turístico.
En resumen, por todo esto, comparto también yo la necesidad de retirar o anular la mencionada ley, y tal como pide la AR Lolo Dorta, también yo pido que se cese de su cargo o dimita la Consejera de Turismo responsable de esta ley tan lesiva para Canarias, y que se apruebe con urgencia una moratoria a la concesión de nuevas autorizaciones a viviendas vacacionales en Canarias, en tanto en cuanto se elabora un Reglamento que sirva.
CAMPAÑA CIUDADANA CONTRA LA LEY QUE "REGULARÁ" EL VACACIONAL EN CANARIAS
-Un auténtico atentado al derecho a la vivienda y al desarrollo sostenible en Canarias-
Ante un asunto tan grave y que afecta de manera tan importante a la realidad económica, social y medioambiental de Canarias, como solemos hacer en ocasiones desde la Acampada Reivindicativa Lolo Dorta, abrimos la acción a la participación de la gente, e invitamos a ciudadanos, colectivos, partidos y asociaciones a que envíen o registren sus propias denuncias ante las instituciones. Para ello facilitamos dos documentos tipo, uno en formato corto, un solo folio, donde se resume lo más importante de nuestra denuncia, con la petición de moratoria al vacacional, la retirada de la ley y la dimisión o el cese de la Consejera de Turismo. El otro documento más extenso es una copia de los escritos argumentados que presentamos este miércoles ante Presidencia, Consejería y Parlamento, donde se denuncia y pide lo mismo, pero desarrollado en 16 folios. Las direcciones de correo son: registro@parcan.es, informacion@parcan.es, presidencia@gobiernodecanarias.org, comunicacion.turic@gobiernodecanarias.org y diputaciondelcomun@diputaciondelcomun.org, pero igualmente pueden remitir las quejas y peticiones por otras vías, a más instituciones y cargos, y cambiar y adaptar los textos a los criterios de cada persona o grupo. Lo importante es actuar para frenar esta locura de políticas, que quieren hacer de Canarias un megaresort gigantesco con 18 o 20 millones de turistas anuales y mucha gente haciendo el negocio, con el resto en precario peleando por las sobras.
Para descargar el documento amplio