La cuota del Archipiélago en el total de Pensiones No Contributivas de España (PNC) es de un 9,57%, mientras que su población de 65 y más años sólo supone el 3,66% del total del país.Las PNC en Canarias alcanzan al 14,15% de la población de 65 y más años, mientras que en España este porcentaje es sólo del 5,42%. Es decir, de cada 100 personas de 65 y más años, 15 tienen una PNC, mientras que en España son 6 de cada 100. O lo que es lo mismo, en Canarias el peso de las PNC en el colectivo de 65 y más años es 2,61 veces superior al del conjunto de España.
Es decir, por cada beneficiario español mayor de 65 años, hay casi 3 beneficiarios canarios, lo que traducido es que en las Islas hay, de entrada, más pensionistas en el umbral de la pobreza que en el resto de España.
Aunque hay más datos, estos dos sirven para demostrar por qué en las Islas hay un 38,2% de la población con tasa de riesgo y exclusión.
Esto se traduce en 812.425 personas que están bajo el umbral de la pobreza y que, de ellas, unas 139.600 personas no cobran ningún tipo de prestación.
Y todo esto pasa en una Comunidad Autónoma que mantiene un régimen económico y fiscal con incentivos empresariales como la Reserva de Inversiones (RIC), un colchón fiscal que ha permitido a los empresarios acumular durante las últimas décadas un capital de 20.000 millones de euros que no han sido invertidos ni para su propio desarrollo empresarial ni para el social. Una región en la que aumenta el turismo pero, a la vez, se incrementan los niveles de pobreza, pues el único motor que genera economía en las Islas está prácticamente destinado a generar dinero para sobrevivir a sí mismo. Si se suman los beneficios de la RIC más el dinero defraudado, los canarios contemplan como han volado unos 31.000 millones de euros que no han podido ser utilizados para mejorar el nivel de vida de los más desfavorecidos, aquellos que están pagando una crisis no generada por ellos.