Gonzalo H. Martel El proceso se inició el día de los inocentes de 2012. A los interesados se les urgió la documentación, que debían entregar completa antes del 31 de enero de 2013. Un año después, las 115 nuevas viviendas públicas que el Gobierno regional tiene vacías en la capital grancanaria siguen esperando inquilinos.
La oferta del Gobierno canario para el año 2013 incluía la adjudicación de 115 nuevas viviendas en Las Palmas de Gran Canaria, 58 de ellas ubicadas en la parcela 607 de la Avenida Joan y Víctor Jara de Jinámar, y las otras 57 en la esquina de la Avenida Felo Monzón con la calle Drago, en la zona de Las Torres. El procedimiento se inició el 28 de diciembre de 2012, día de los inocentes, con una resolución en la que el director del Instituto Canario de la Vivienda fijaba un mes de plazo para que los solicitantes aportasen la documentación justificativa de su necesidad, hasta el 31 de enero de 2013.
La lista de peticionarios se hizo pública el 7 de marzo, y desde entonces, los 4.810 solicitantes aceptados han iniciado un proceso que la Coordinadora Canaria de la Vivienda califica de «largo y penoso». Porque entonces se abrió un segundo plazo para «actualizar la documentación» que ya había sido actualizada antes, que finalizó el 9 de abril. Y el tramo final consistía en que los finalmente cumplían con todos los requisitos doblemente renovados, debían someterse al criterio aleatorio de la suerte, porque el mecanismo de adjudicación se reduce al ancestral sistema del sorteo ante notario.
A cada vivienda disponible le corresponden 42 solicitantes, lo que da una idea del tamaño del problema de la vivienda en la ciudad. Las dos urbanizaciones están terminadas desde mediados de 2012. Las 58 de Jinámar obligaron a una inversión de 6,5 millones de euros, lo que supone una media de 112.069 euros por casa. Las 57 de Las Torres, más pequeñas, costaron casi la mitad, 3,8 millones de euros en conjunto, casi 67.000 euros cada una.
En diciembre pasado, el diputado regional del PP Felipe Afonso le preguntó a la consejera, Inés Rojas, que si las viviendas están terminadas y los solicitantes localizados, «qué más hace falta para adjudicarlas», antes de señalarla como «única responsable de la parálisis» del proceso. Según Afonso, la consejera «desahucia el derecho a la vivienda de lo más desfavorecidos».