Por EUGENIO FERNÁNDEZ / CANARIAS-SEMANAL.ORG.- A finales de 2012, Mariano Rajoy anunciaba la intención de su Gobierno de modificar la legislación española para conceder permisos de residencia a los extranjeros que compraran un inmueble por importe superior a los 160.000 euros. De esta manera, el Gabinete ultraconservador pretendía satisfacer las peticiones de los grandes promotores y los bancos, interesados en colocar la cantidad ingente de viviendas construidas antes del estallido de la "burbuja inmobiliaria", sin necesidad de bajar los precios hasta adecuarlos a la demanda interna.
En Canarias, el anuncio de Rajoy fue inmediatamente aplaudido por los"empresarios del ladrillo", que no tardaron en dar un paso más en la misma dirección. En enero de 2013, la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas (AECP), María Salud Gil,admitía que los promotores inmobiliarios del Archipiélago se preparaban para ir a la búsqueda de compradores europeos con los que "dar salida a una parte de su stock de viviendas de alta gama".
Por aquellas fechas, Gil especificaba que buscarían compradores principalmente en Gran Bretaña y Alemania; si bien realizarían también "una prospección hacia los países nórdicos, Rusia y Polonia".