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En Canarias, en efecto, abundan los casos de hoteles que fueron edificados en parajes naturales protegidos o incumpliendo la Ley de Costas. Algunos de ellos con sentencias que demuestran su ilegalidad, siguen funcionando con total normalidad.
Uno de estos establecimientos en el Sandos Papagayo Beach Resort, en Playa Blanca. Un complejo de cuatro estrellas en la playa de Afe que limita con el Monumento Natural de Los Ajaches.
Su construcción -como denuncia el Diario de Lanzarote- estuvo marcada por la polémica e incluso llegó a paralizarse por orden de la Dirección General de Costas porque invadían una parte del dominio público. La instalación, con capacidad para 747 camas turísticas, levantó sus 12 plantas de altura en primera línea de la playa amparándose en dos licencias urbanísticas otorgadas por el alcalde de Yaiza en las parcelas 1 y 2 del Plan Las Coloradas, que eran contrarias a la ordenación territorial y urbanística.
Este complejo hotelero incumple también la normativa del Plan Insular, su propio plan parcial y la autorización turística. Supera el número máximo de plazas que se podían aprobar, incumple la altura y el número de plantas, ocupa 20.000 metros construidos de más e invade una zona verde y un viario protegido por Costas que sirve de acceso a la playa con la que colinda.
En 2006 el Ministerio de Medio Ambiente inició el expediente de declaración de utilidad pública que debía culminar en la expropiación forzosa del hotel para demolerlo y restaurar el paisaje, pero el proceso no se terminó.
Otro caso similar es el del hotel Las Costas de Puerto del Carmen, también en Lanzarote, con 18.700 metros cuadrados en la playa de Los Pocillos. El deslinde de la playa está en tramitación desde 1998, e incluso en 2008 Medio Ambiente elaboró una "estrategia para la sostenibilidad de la costa" que contemplaba la "eliminación de ocupaciones del dominio público" en Lanzarote y, en concreto, "la demolición del Hotel Las Costas". Siente años después continúa siendo explotado por sus propietarios.
Solo en Lanzarote hay una veintena de hoteles ilegales en Yaiza y Teguise, entre ellos el Hotel Volcán, en el que ha veraneado el ministro de Energía, Industria y Turismo, José Manuel Soria. Los edificios fueron declarados ilegales en sentencia firme por la justicia española después de un largo proceso contencioso-administrativo promovido por el Cabildo Insular de la isla en sucesivas denuncias.
En el norte de Fuerteventura, en el municipio de La Oliva, la cadena RIU construyó dos hoteles encima de las Dunas de Corralejo, el Club Hotel Riu Oliva Beach Resort y el RIU Palace Tres Islas. Ambos complejos fueron levantados en los 70 con una concesión administrativa del Estado por 30 años.
Sin embargo, en 1982 las dunas fueron declaradas espacio protegido con la categoría de Parque Natural y diez años más tarde la Dirección General de Costas realizó el deslinde que demuestra que los dos hoteles están dentro del dominio marítimo-terrestre. Ante esto, tanto RIU como el Consistorio del norte majorero recurrieron la sentencia, pero en 2003 Costas, antes del fallo del Supremo, concedió una concesión a la cadena hotelera por 60 años.
En 2005, Medio Ambiente emitió un listado de edificios que, en orden de cumplir la Ley de Costas, debieran ser demolidos. Entre ellos se encontraba estos dos de Fuerteventura.
En 2007 Riu logró, a través de un acuerdo con el Gobierno de España, un hotel con licencia para 10 años y otro para 30 años. A cambio, cedía al Estado la titularidad del islote de Lobos, que era en parte propiedad de la cadena hotelera. Conforme a este acuerdo, el más pequeño de los dos hoteles, el Oliva Beach, culminaba su concesión en 2017, pero la ley de Costas aprobada por el PP en 2013 permite una renovación casi automática por 75 años de las concesiones.