(El Mundo)
El partido en Tenerife está hecho unos zorros; nadie se ha ocupado de hacer limpieza, así que vamos a crear una gestora para empezar a trabajar de otra manera». Así de duros son en la dirección federal del PSOE al valorar lo que está ocurriendo en la isla, donde Ferraz está forzando dimisiones. El secretario general del PSOE tinerfeño, Manuel Fumero, fue el último en ser empujado a dimitir, el 9 de abril. Fumero era, además, el número cuatro de la lista socialista por Tenerife al Parlamento de Canarias.
Ahora, Ferraz está negociando con las distintas sensibilidades de los socialistas de la isla y de Canarias la composición de una gestora que dirigirá la formación hasta que se celebre un congreso insular.
El primero fue el alcalde de Icod de los Vinos, que pretendía repetir como candidato a pesar de tener juicio oral abierto.
Tras él han ido apareciendo otros imputados en distintos casos, relacionados con el urbanismo, que Ferraz ha intentado que queden fuera de las listas electorales, aunque no lo ha conseguido del todo.
Estas investigaciones judiciales afectan al menos a una decena de altos cargos locales, algunos muy importantes como el citado Manuel Fumero o el todavía candidato al Cabildo de Tenerife y ex senador Aurelio Abreu. Algunos tienen juicio oral ya abierto, así que, aplicando el Código Ético aprobado por el PSOE, están obligados a dimitir.
De hecho, el lunes la dirección federal se encontró con que entre los candidatos presentados todavía había uno con juicio fijado por prevaricación urbanística, Manuel Correa, candidato a alcalde de La Victoria.
El PSOE ha exigido entre el martes y el miércoles a Correa que dimita para que corra la lista. Él se resiste, como aseguran fuentes de su entorno. Si no se va, el secretario de Organización, César Luena, está dispuesto a retirar la candidatura del PSOE en este municipio, a pesar de que tiene opciones de gobernar.
Un caso grave por su importancia es el de Aurelio Abreu, candidato del PSOE al Cabildo de Tenerife (equivalente a la Diputación) y miembro de la Ejecutiva de Canarias. Abreu no tiene juicio oral abierto, pero está siendo investigado por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos por unos hechos denunciados cuando fue alcalde de Buenavista. Entonces adjudicó a dedo y abonó la redacción de un proyecto por 160.000 euros. Hasta ahora se ha negado a dimitir porque dice que está imputado por «un tema estrictamente administrativo».
Otra integrante de la Ejecutiva regional está imputada por malversación y es candidata a alcaldesa de San Juan, Fidela Velázquez.
Fuentes de Ferraz empiezan a desconfiar del partido en Canarias, que dirige el consejero y miembro de la dirección nacional José Miguel Pérez, por el grado «de descomposición» al que ha llegado Tenerife.