Emilio Moya hizo un loable acto de contrición al reconocer la lentitud de la Justicia en el Caso Icfem. El magistrado se preguntaba, como muchos ciudadanos lo hemos hecho, qué está pasando en la Justicia para que un asunto tarde 16 años en sustanciarse. Con mucho acierto calificó la situación de «vergonzosa». El magistrado mejor que nadie lo debe saber. No en vano fue responsable de Justicia en Gobierno de Canarias junto a María Australia Navarro (PP) y debió entender que existen impedimentos materiales, pero también irresponsabilidades en la propia judicatura.
Las causas políticas, como el caso Icfem, son en la Administración de Justicia un caramelo para determinados jueces y fiscales que buscan la notoriedad pública a costa de los desgarros. No olvidaré nunca la foto de la portada de “El País” en la que aparecía el fiscal Anticorrupción de Canarias, Luis del Río, y dos magistrados más como héroes contra la corrupción, precisamente de asuntos que corren la misma suerte que el caso por el que se avergüenza Emilio Moya.
En el caso Icfem hubo algún fiscal que buscó notoriedad y enredó deliberadamente el asunto en contra de los inculpados. Hubo desidia en la planificación del trabajo y hubo abandono consciente del asunto durante años, cuando ya no tenía repercusiones en los medios de comunicación.
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