Inma Évora, representante de la PAH en Tenerife |
Con el derecho a la vivienda como principal argumento, Évora asegura que si una persona no tiene recursos económicos para afrontar el pago de un hogar, el Estado o el Gobierno de Canarias deben tutelar este derecho. Sin embargo, agrega que "no hay una respuesta por parte de estos organismos y se está dejando en la calle a familias, cuando es ilegal". Incluso, tacha de absurdo el proceso actual de adjudicación de viviendas públicas. La representante de la PAH en Tenerife cree que "no se puede hacer pasar a las personas por un filtro burocrático tremendo para ver las prioridades de cada familia para luego meterlas en un bombo y sortear las viviendas".
Tras solucionarse la situación de una joven que se declaró en huelga de hambre frente el Ayuntamiento de Santa Cruz, desde la PAH se tiene claro que ha sido una caso que se ha usado para polemizar. "Todos tenemos derecho a una vivienda en igualdad de condiciones", y Luciana "ha sido criminalizada y se le ha dado un trato vejatorio en el ayuntamiento". Aunque también recuerda que las elecciones están a la vuelta de la esquina. Justamente sobre la actuación del consistorio capitalino antes los desahucios, Inma Évora confiesa que lo podría hacer mejor. No obstante, considera que "el Gobierno de Canarias lo está haciendo peor todavía ya que lleva echando balones fuera durante años aplicando políticas de vivienda y sociales nefastas".
La dación en pago se plantea como una de las soluciones para algunas familias, aunque no todas. Desde la PAH ven incoherente que, pese a perderlo todo, "te quedes con la deuda de por vida. Te colocan en todas las listas de morosos, no eres apto para créditos y tristemente vivimos en un sistema en el que el crédito es lo que ha hecho sobrevivir a las familias. No podemos seguir ejerciendo prácticas que avoquen a la gente a la miseria y a la exclusión social", se lamenta Inma Évora.
Hace unos meses, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal la ley hipotecaria española y la calificó de abusiva. En este sentido, la representante de la PAH asegura que deben paralizarse todos los desahucios aunque indica que "hay que tener en cuenta que en España el poder judicial está muy vinculado a la política y que cuando entra un partido sitúa en lugares estratégicos a quien les interesa". Por esta razón, Évora considera que no se acaban los desahucios pese a que tampoco se explica por qué no se crea un parque de viviendas públicas con alquileres sociales asequibles a la economía de las familias. Si no se lleva a cabo así, "sí que estarían viviendo por encima de sus posibilidades, pero de forma obligada al tener que pagar un hogar que no se pueden permitir."