Pensar que el progresivo desmantelamiento de la Sanidad Pública, y sus consecuencias más visibles, es un proceso que tan solo se produce en las comunidades gobernadas por el PP es una peligrosísima ingenuidad.
Un error que impide tomar conciencia de que, tal y como recordaba la doctora Ángeles Maestro en una entrevista concedida recientemente a Canarias-semanal "la privatización de la Sanidad es una líneas estratégica del gran capital", que se ejecuta desde hace décadas, a diversos ritmos, por todos los partidos institucionales con responsabilidades de Gobierno.
En Canarias, y bajo el gobierno del llamado "pacto progresista de las flores" se está volviendo a manifesar uno de los síntomas más recurrentes del progresivo desmantelamiento del Servicio Canario de Salud.
Según informaba este mismo miércoles el diario grancanario Canarias 7, la saturación del Servicio de Urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria "no solo se ha cronificado sino que se está normalizando".
De acuerdo a la información reportada por este periódico, el martes 15 de noviembre, más de un centenar de personas se encontraban hacinadas en este servicio a la espera de una cama hospitalaria. Y de ellas, 50 estaban en los pasillos.
«No es normal que haya ni un paciente en una zona donde no debe estar, fuera de una vigilancia directa. Es un riesgo para la plantilla y para el paciente», manifestó Ruymán Pérez, portavoz de la Federación de Salud de Intersindical Canaria, al diario.
«Decir que tener a 80 personas a la espera de ingreso en Urgencias supone una mejora es una aberración. Le están quitando importancia desde la Gerencia y la sociedad no es consciente de que el problema de urgencias no está solucionado»,añadió Pérez.
Según reconoció este sanitario y portavoz de Interindical:
"En esas circunstancias no hay seguridad para el desempeño de las funciones. No es lo mismo tener a un paciente localizado que tener que buscarlos para administrarle una medicación. Incluso hay camillas obstaculizando zonas de evacuación".
La saturación del servicio impide informar de forma rutinaria de la evolución de los pacientes. Solo se informa del diagnóstico inicial o si hay un cambio sustancial en su estado. Tampoco se admiten visitas cuando el servicio está saturado.
"Lo peor -apuntaba un enfermero al medio local - es que «año tras año se aprecia un ligero empeoramiento» y que «no se ha tirado ni una sola piedra» del Colegio Universitario de Las Palmas, donde se prevé construir la ampliación del hospital".
Se trata, en definitiva, de una realidad extremadamente comprometida que pone literalmente en peligro la vida de centenares o miles de vidas que, en las actuales condiciones podrían perderse en un servicio de Urgencias en que, según los propios responsables de prestarlo, ya no pueden ofrecer "un trato digno y humanitario a los enfermos".
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Ante tal panorama, pues, resulta imprescindible interrogarse sobre las causas por las que Canarias sufre también la total ausencia de organizaciones con capacidad para llevar adelante una campaña de información, propaganda y movilización ciudadana acorde a la necesidad vital de exigir a los responsables políticos una solución a carencias estructurales que ponen en riesgo la salud y la vida de la población.
¿No hay un sólo sindicato capaz de organizar esa necesaria movilización? Tampoco hay un sólo partido político o agrupación de colectivos de distinto tipo que sea capaz de responder a esta emergencia?
La falta de respuesta a estas preguntas y la terrible soledad con la que se encuentran en sus concentraciones los sanitarios del servicio de Urgencias del Hospital Insular, cuando realizan sus protestas, constituyen un terrible indicador del grado actual de indefensión de una sociedad que, con una inducida atomización, nos deja a cada individuo totalmente a merced de poderes e intereses totalmente ajenos a los de la mayoría de la población.