La presidenta del
Parlamento de Canarias, Carolina Darias, anunció ayer a los miembros de
la Junta de Portavoces que ha encargado a los propios servicios
jurídicos del Parlamento un informe comparativo del sistema de
indemnizaciones y ayudas a los diputados (lo que comúnmente se conoce
como dietas) en relación con lo que se hace en otros parlamentos
regionales. Preguntada en una rueda de prensa posterior, Darias
reconoció que no ha puesto a sus servicios jurídicos ningún plazo
concreto para entregar ese informe, que cualquier persona conectada a
internet podría realizar en un par de días, gracias al actual sistema de
transparencia. Además, el informe que propone Darias no tiene ningún
valor práctico si no se incorpora al estudio de las dietas también el de
los salarios de los diputados. Es por eso que tiene uno la impresión de
que lo que plantea el Parlamento es una forma como otra cualquiera de
darle largas a este asunto, que puede acabar convirtiéndose en una bomba
de relojería para el funcionamiento de las instituciones canarias.
En efecto, salarios, dietas y gastos de
representación de los diputados y miembros del Gobierno regional, además
de los de los miembros de los Cabildos, alcaldes y concejales, no son
hoy ya un asunto secreto o que pueda mantenerse oculto. Con la ley de
transparencia en vigor, todas las corporaciones y entidades públicas
tienen la obligación de hacer accesible al común de los ciudadanos el
conjunto de sus gastos, el volumen destinado a salarios y dietas, con
quién y a quiénes se contrata y otros asuntos que antes estaban mejor
protegidos que un secreto de sumario. Hace pocos años, por ejemplo, el
Gobierno de Canarias declaró secreto el coste de las obras realizadas en
la residencia oficial de Paulino Rivero en Las Palmas, después de que
se publicara que la decoración ordenada por Ángela Mena incluía la
compra de unas escobillas de retrete de diseño por valor de más de 600
euros. Ocultar hoy algo así no es imposible del todo, pero sí muchísimo
más difícil, sobre todo si alguien se toma la molestia de solicitar
información y dar la tabarra hasta que la consiga.
Saber lo que cobran nuestros políticos es
muy peligrosos para su imagen, y ellos lo saben mejor que nadie. Nos
vamos a enterar de que hay instituciones y corporaciones donde se cobra
salado, y otras donde no ocurre así, por más que en todas ellas las
retribuciones de cualquiera se sitúen -en general- por encima del
salario medio de cualquier funcionario, y las dietas muy por encima.
Aparte los gastos de representación, que en muchas ocasiones se suman a
actividades concretas y son muy difíciles de detectar.
La preocupación de los ciudadanos sobre lo
que cuesta mantener la superestructura política es cada vez mayor,
fruto no sólo de la crisis y la percepción de que esta no ha afectado a
todos por igual. Lo que realmente ha desatado la indignación general es
la reiteración de denuncias sobre comportamientos corruptos, y la
sensación de que hay mucha gente que no se conformará nunca con ganar un
buen sueldo. Los nuevos criterios de transparencia ayudan a saber lo
que pasa. Pero no basta con saberlo, hay que cambiar lo que no es
correcto. Podemos ha pedido en el Parlamento que se revise una situación
que a todas luces parece abusiva, y muy distinta a la del resto de los
funcionarios públicos. No basta con una declaración de intenciones de la
presidenta Darias para que la ciudadanía se dé por satisfecha. Hace
falta un compromiso sobre lo que se quiere hacer, y un calendario para
ejecutarlo. Lo que nos ha dicho suena a pura milonga.