En esa declaración institucional, el pleno del Cabildo de Gran Canaria se declara "profundamente apesadumbrado" por el hecho de que instituciones dependientes de la propia corporación insular -algunos hospitales y centros de acogida- hayan sido vinculados por las víctimas con esos robos "aberrantes" de menores, aunque esos episodios ocurrieran durante el periodo de la dictadura.
La corporación grancanaria se muestra por ello dispuesta tanto a "asumir de frente esa página negra" de su historia "predemocrática y preconstitucional", como a "promover con decisión los derechos a la verdad, justicia y reparación de todas esas víctimas inocentes".