Serena Guidi es una peluquera en paro de La Laguna, con secuelas de un accidente laboral, y que ha recurrido al Parlamento canario para denunciar que lleva 20 meses intentando demandar a una mutua con un abogado de oficio y no ha podido, pese a que le han asignado ya tres. Cansada de reclamaciones ante el Colegio de Abogados y ante el Diputado del Común, Jerónimo Saavedra (que incluso se llegó a exponer su queja personalmente al anterior decano), ha recibido estos días con sorpresa la admisión a trámite de su pregunta, cuyo futuro depende ahora de que un diputado la asuma para trasladarla al pleno o a una comisión parlamentaria.Serena relata, con desesperación, que no sabe cómo va su caso porque desde abril del 2015, ya con una tercera abogada, ha intentado “por todos los medios” ponerse en contacto con ella, “de forma infructuosa”. Su segunda letrada de oficio desistió del caso alegando “insostenibilidad” de la demanda, según le notificó el Colegio de Abogados, sin que Serena haya logrado acceso al escrito original que motivara esa decisión.
Lo peor de su historia, asegura, es que han corrido los plazos para reclamar contra la aseguradora, y teme que puedan prescribir los hechos. “¿Cómo es posible que se cometa conmigo esta injusticia con un derecho reconocido en la Constitución, a la asistencia jurídica gratuita para las personas sin recursos?”, se pregunta esta lagunera, que se tuvo que operar en 2015, pero que, afirma, sufre dolores por un mal diagnóstico inicial.
Por eso, confiesa que la vía que le ofrece el Parlamento es su única esperanza ya: “Quiero que esto no le pase a otras personas, y por eso por eso pido al nuevo equipo directivo del Colegio de Abogados, a los diputados y al Gobierno canario que se investigue la injusticia que se ha cometido conmigo, pero además quiero que mi iniciativa sirva para que nadie más pase por lo mismo”.
Desde el “desamparo” en que dice sentirse, aspira a que se le responda en el Parlamento si se podría crear un servicio administrativo que “pida explicaciones con contundencia y agilice soluciones” y que además vele por unos plazos rápidos para que los usuarios del turno de oficio sean atendidos, teniendo en cuenta además el riesgo de prescripción de los hechos que se quieran denunciar, así como que controle la carga de trabajo de estos letrados.
Serena insiste en lo indignante de que por no tener dinero para pagar a un representante legal, deba pasar este calvario, mientras que, de habérselo podido costear, ya tendría su demanda presentada. “El Parlamento es ya lo úlimo que me queda”, insiste.