Marion Peschutter, integrante de la comisión de garantías democráticas de Podemos en Canarias, presentó el pasado 1 de julio en los Juzgados de San Bartolomé de Tirajana una demanda contra este mismo órgano. Denuncia una supuesta falsedad documental y coacción así como la comisión de múltiples irregularidades en el procedimiento a través del cual se incoaron varios expedientes de expulsión o suspensión de miembros del partido, algunos de ellos con cargos en diferentes órganos del partido en distintos municipios.
Según la exposición de la demanda, las resoluciones que sirven de base a esas expulsiones de militantes fueron adoptadas en unas reuniones de ese órgano garantista de Podemos, que nunca llegaron a producirse. En otros casos, las resoluciones emitidas relacionan como presentes y firmantes de los acuerdos alcanzados a integrantes que nunca participaron de tales decisiones, como es el caso de la propia Peschutter.
Con anterioridad la denunciante informó por carta de estas irregularidades a la comisión homónima estatal y al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, sin obtener respuesta hasta el momento.