La venta parcial de AENA se convirtió desde el principio en un caballo de batalla política para Coalición Canaria, partido al que pertenece Paulino Rivero, cuyo argumentario político siempre ha incluido la pretensión de conseguir el control de los aeropuertos de Canarias como motores esenciales del crecimiento económico en una Comunidad Autónoma que vive del turismo. Ahora, el Tribunal Supremo echa por tierra esa pretensión política, que también avaló desde el Gobierno de Canarias el Partido Socialista, y además impone a la Comunidad Autónoma el coste económico de esta oposición en el alto tribunal.