Los riesgos
que llevan inherentes esta política son varios.
En primer
lugar, en caso de que una empresa sea adjudicataria en un proceso de subasta,
modalidad en la que siempre se ha licitado este tipo de trabajo, para la
empresa el contrato sería de poca rentabilidad. Esto, necesariamente, generaría
las consiguientes rebajas en calidades o los diferentes intentos posteriores de
“arreglo” con los responsables de la supervisión de los trabajos.
En segundo
lugar, en el supuesto caso de que una empresa no fuera adjudicataria, el
horizonte temporal para volver a concursar quedaría demasiado lejano, seis
años, haciendo imposible mantener plantillas de trabajadores y estructura de
empresa. Dado que el Cabildo de Gran Canaria es el máximo cliente de las
empresas asfalteras y existiendo el Plan de Cooperación Institucional con todos
los Ayuntamientos que posibilita que puedan pedir asfalto para sus municipios a
través de dichos contratos, las posibilidades de tener trabajo de asfaltado en
un plazo medio-largo, se reducirían significativamente si la licitación se hace
por seis años.
Por último,
el alto importe de la licitación, se habla de que puede ser de hasta 36
millones de euros, es un efecto llamada para empresas de carácter nacional que
podrían plantearse instalar una planta propia en la isla, con lo que las
empresas grancanarias saldrían notablemente perjudicadas.
Si a todo lo
anterior, le sumamos la aversión al riesgo de dichas empresas y la vinculación
de resultados financieros al número de contratos que manejan,
independientemente de su rentabilidad, las haría unas candidatas seguras a la
obtención de dichos contratos en perjuicio de las empresas locales.