L a corrupción está esparciendo por todo el país un hedor que hay que cortar de raíz. La proliferación y diversidad de los escándalos es de tal calibre, que la sorpresa e indignación iniciales está dando paso a un estupor que amenaza con sumirnos en el abatimiento. Después de los últimos casos destapados –el último de esta semana, el caso Enredadera, que afecta a la empresa Fitonovo, acusada de amañar contratos públicos en la provincia de Las Palmas- solo cabe agarrarse a la esperanza de que estemos ante una ciclogenesis regeneradora, de que nos encontremos ante un "majo y limpio", caiga quien caiga, sobre el cual poder
cimentar una sociedad que sepa dotarse de los valores cívicos y de los líderes honrados y eficaces que necesita.
La corrupción ya no es un problema de esta o aquella organización, de este o aquel estamento, por más que el reparto de escándalos sea desigual. Al menos esa es la percepción que se extiende entre todos. Nos enfrentamos a una lacra que corroe más y más cimientos de la sociedad.
La indignación con dosis de resignación resulta evidente aunque, pese a todo, la sociedad española, y por supuesto la canaria, está digiriendo el extravío con serenidad y madurez. Quizá porque es consciente de que la política, las organizaciones empresariales, los sindicatos, los cuerpos de funcionarios, cualquier tipo de ente o colectivo ahora puesto en la picota sigue repleto de gente decente dispuesta a trabajar honradamente, ajena a tanta inmundicia.
Ni ésta ni ninguna otra sociedad es perfecta, virginal. Que aparezcan corruptos es inevitable. Lo verdaderamente perverso es carecer de los resortes sociales e instrumentos para detectarlos, enjuiciarlos e imponerles castigos ejemplares. Queda dotarse de los mecanismos necesarios para atajar y escarmentar cualquier tropelía.
Los partidos son responsables de acoger en su seno corruptos, pero sobre todo lo son de ampararlos y refugiarse tras el suicida "y tú más". Los jueces deben actuar con determinación, sí, pero también con diligencia, y el último ejemplo está en el caso Corredor de La Laguna, cuya resolución se ha demorado más de dos años por no disponer, al parecer, de un escáner. Y anteponiendo, sobre todo, la eficiencia al lucimiento personal en determinadas investigaciones de casos en los que se busca más la notoriedad del instructor que la obtención de pruebas concluyentes. La anulación de procesos interminables y socialmente escandalosos por defectos de forma enfanga más que limpia. Que haya, a su vez, políticos que se acojan, y hasta celebren, esos defectos de forma para esgrimir su inocencia resulta tan legítimo procesalmente como lamentable socialmente. Estar a la cola de Europa en gasto en Justicia por habitante no ayuda. Ni mantener vigentes procedimientos pensados más para cazar a robagallinas que a delincuentes de cuello blanco.