Sara P. Tejera, S/C de Tenerife
Tiene cincuenta y un años y reconoce que está desesperado. Marco
Cherubino ya no sabe a dónde ir, ni qué hacer, para poder comer, atender
a su hija y evitar perder su casa, cuando se cumplen cuatro meses desde
que se dirigió al IMAS para pedir una Prestación Canaria de Inserción
(PCI). Aún nadie lo ha atendido.
Está en paro desde hace dos años y este enero terminó de cobrar la
prestación básica por desempleo. Tiene a su cargo a una hija con un 90
por ciento de discapacidad que reside en un centro y de la que ya no
puede encargarse los fines de semana por no contar con suficientes
medios económicos. Aparte de esto, su situación se ha agravado porque no
tiene capacidad para hacerle frente a su hipoteca, y ante la
imposibilidad de pagarla está al borde del desahucio.
Marco acudió en noviembre a la UTS de Añaza, la que le corresponde,
buscando la ayuda de los Servicios Sociales y de allí lo derivaron al
Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) para que solicitar una
Prestación Canaria de Inserción (PCI), un tipo de ayuda básica que le
garantiza tener ingresos económicos entre doce y dieciocho meses.
"Cuando llamé al IMAS para pedir cita, me comunicaron que no podía
empezar a tramitar mi solicitud hasta marzo", declara Marco Cherubino,
antes de aclarar que la explicación que le dieron es que "no hay
personal para tramitarla" y que debía a esperar hasta que fuera
contratado.
"Estoy muy preocupado, porque no sé cuándo me van a atender y cuando
eso pase ya me han dicho que no cobraré hasta varios meses después",
explica Cherubino con perplejidad, puesto que seguir esperando supone no
solo la pérdida de su casa, sino también mucho menos tiempo que
compartir con su hija.
Y es que Marco Cherubino se ha dedicado durante más de 25 años a
desempeñar las funciones de jefe de taller, pero tras perder su empleo
se vio obligado a diversificar su formación y buscar trabajo de aquello
que pudiera surgirle. Pese a su disposición para realizar cualquier
trabajo no ha podido encontrarlo.
Desde el IMAS la concejala de Asuntos Sociales, Alicia Álvarez,
reconocía la semana pasada que no se están tramitando PCI por la falta
de personal y estimó que se solucionaría todo en marzo.