Por A. Ramírez - Canarias-semanal.org
La reforma de la Ley Canaria de Vivienda, actualmente en trámite parlamentario, podría convertirse en el enésimo bluff del Ejecutivo autonómico. En la estela de la legislación aprobada en este ámbito por la Junta de Andalucía, el Gobierno regional ha presentado su iniciativa como una "ley antidesahucios" que - supuestamente - estaría destinada a detener lo que se ha convertido en un verdadero drama social. Los desalojos de miles de familias a las que el estallido de la crisis capitalista y de la burbuja inmobiliaria creada por los propios bancos está dejando en la calle y con deudas impagables.
Los datos que se han podido conocer en torno a la publicitada reforma, sin embargo, indican que la misma podría ser tan insatisfactoria como la ley de Andalucía, donde el Movimiento por el Derecho a la Vivienda advirtió tempranamente que "no garantizaba el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada".
En sus presentaciones públicas, los portavoces del Gobierno de Canarias anunciaron que, tras la reforma de la ley, el Ejecutivo expropiaría las viviendas de los bancos de las que se fuera a desalojar a familias en riesgo de exclusión social que no pudieran pagar sus hipotecas, para permitir que éstas puedan permanecer en sus casas.
Ahora, no obstante, el gabinete de CC y PSOE ha aclarado que la "expropiación" se llevará a cabo solamente durante un periodo máximo de tres años. Durante este tiempo, se abonaría al banco un justiprecio en forma de renta mensual que se financiará en parte con fondos públicos y en parte con los que aporte el propio desahuciado, que deberá desembolsar hasta un 25% de los ingresos de la unidad familiar.
Pasados los tres años, el banco recuperará su vivienda. La iniciativa legislativa evita especificar qué pasará con las familias desahuciadas que sigan entonces en extrema penuria económica. Algo más que posible en base a las previsiones sobre la evolución de la economía canaria y las futuras tasas de desempleo. Resulta evidente, no obstante, que la entidad financiera continuaría entonces con el procedimiento de desahucio, tras haber recibido un particular alquiler durante el periodo de"expropiación"; mientras que los desalojados perderían tanto la vivienda por la que un día se hipotecaron como lo invertido en la misma mientras fueron capaces de hacer frente a los pagos.
Pero existe aún otro elemento del texto legal que permite aventurar desagradables sorpresas. La nueva ley que ya ha llegado al Parlamento regional condiciona la aplicación de las medidas de auxilio a las familias más necesitadas a "las disponibilidades presupuestarias”. Una disposición idéntica a la utilizada por el Gobierno de Canarias para dejar de pagar las subvenciones a las que tenían derecho alrededor de 1.700 jóvenes que en su día se hipotecaron acogiéndose a las ayudas del plan "Hipoteca Joven".
Es decir, que la publicitada "ley antidesahucios" podría quedarse, finalmente, en papel mojado por las exigencias de la “austeridad” y el recorte del déficit.