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La propuesta de Reforma del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), contenida en la Comunicación del Gobierno al Parlamento de Canarias de julio de 2012, incluye la renovación de un descuento en el Impuesto de Sociedades, de hasta el 90%, denominado Reserva de Inversiones de Canarias (RIC). El descuento fiscal está condicionado a la inversión del dinero no pagado en concepto de impuestos.
La RIC, en palabras del actual
vicepresidente del Gobierno de Canarias es la “mejor herramienta con que cuenta
hoy Canarias para capitalizar las empresas y crear empleo”. En 2010, cuando
hizo estas declaraciones, la RIC llevaba ya dieciséis años en vigor y habían
pasado siete años desde que los legisladores canarios se habían jactado, en el
texto de la Ley de Directrices, de que el Archipiélago “no importa sino que
exporta capitales”.
En 2005, la Organización Profesional de
Inspectores Fiscales del Estado en Canarias afirmó que las empresas que han
usado la RIC están “sobrecapitalizadas” y que tal beneficio fiscal “puede
considerarse agotado porque las empresas, en muchas ocasiones, no saben ya que
hacer con los fondos de la RIC, por lo que buscan salidas contrarias a lo que
realmente establece la norma”. La capacidad de exportar capitales no parece ser
contradictoria con la necesidad de capitalizar a nuestras empresas.
La nueva RIC que plantea el Parlamento de
Canarias “mantendrá su dinámica de funcionamiento actual”, con algunos cambios.
Y esto es sorprendente porque nunca se ha hecho una evaluación imparcial y
detallada de los efectos positivos y negativos del enorme gasto fiscal que ha
conllevado la RIC, ni una estimación sobre cómo habrían afectado a la economía
canaria los recursos canalizados a través de la RIC en caso de haber sido
recaudados e invertidos en Canarias por las administraciones públicas.
(...) No se entiende que no se haya hecho una
evaluación crítica de la RIC, cuando sus propios defensores han señalado
múltiples y graves defectos. El exconsejero de Economía y Hacienda, José Carlos
Mauricio, habló de malos usos de la RIC, en octubre de 2005, “como la inversión
en coches de lujo” y también, con anterioridad, criticó que había contribuido a
encarecer el suelo industrial. En enero de 2007, apuntó a su vertiente de
fomento de la especulación: “hay 100.000 casas vacías porque les valía la
Reserva de Inversiones. Invertían y dejaban las casas cerradas porque se
revalorizaban”.
También el líder del PP canario, José Manuel
Soria, llegó a explicar que, “si quienes no pagan impuestos se dedican a
comprar muchas viviendas para utilizar ese dinero, resulta que al final,
quienes no tenemos RIC y vivimos de un salario vamos a ser perjudicados por la
tendencia al alza de los precios de las viviendas”. Juan Romero Pi,
expresidente de la Zona Especial Canaria señaló directamente a “la inversión de
la RIC en el sector inmobiliario” como uno de los factores que han contribuido
a la crisis en el Archipiélago.
Desde la patronal de hostelería, en 2004,
Fernando Fraile criticaba que “se han construido más camas [turísticas] de las
debidas por efecto de la RIC […], que ha permitido la construcción de miles de
camas turísticas sin atender a criterios de demanda del mercado ni de
rentabilidad económica, lo que nos ha arrastrado a una bajada de precios sin
precedentes y rentabilidades muy ajustadas”. Hubo más quejas en el mismo
sentido y otras que apuntaban a la RIC como uno de los factores explicativos de
las fuertes desigualdades que hay en Canarias.
(...) Hoy la reforma del REF, que incluye la RIC,
plantea que el suelo vuelva a ser objeto de deducción fiscal (con obvios
efectos especulativos) y que sirva para financiar la inversión en el
extranjero, invertir en deuda pública (se le presta a la Administración el
dinero que no se cobró en impuestos) y se plantea dar cabida a la reducción de
cotizaciones sociales, como indicó recientemente el consejero de Economía,
olvidando que las cotizaciones no son impuestos, sino salario indirecto. (..)