Antonio Morales
Sus relaciones político-familiaresempresariales-laborales son, cuando menos, singulares. En su etapa de concejal de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria se coció el famoso convenio del Canódromo por el que el Ayuntamiento capitalino facilitó a un empresario, ligado ahora al caso Lifeblood, un pelotazo de la friolera de 9 millones de euros al negociar un suelo para el municipio a cambio de unos aprovechamientos extraordinarios del resto de la parcela. Según un informe realizado por un catedrático de la UP de Cataluña el Ayuntamiento pagó por ese suelo el triple de su valor. Como consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria consiguió un record, ahora que se habla tanto de la ralentización administrativa de los proyectos de inversión, al tramitar en una semana, y a pesar de 19 objeciones técnicas, el informe preceptivo para que la urbanización Anfi Tauro fuera declarada de interés general, dándole vía libre a una excepción de la moratoria. En aquellos momentos el 50% de Anfi era propiedad del empresario Santana Cazorla y, casualmente, el señor Cardona pasó a ser director general de sus empresas cuando dejó el Cabildo y hasta asumir la alcaldía palmense.