A. RAMÍREZ
El empleo sumergido en el Archipiélago afecta a 80.000 trabajadores que operan en el mercado laboral sin contrato y sin cotizar. Este fraude laboral que pretende frenar el Gobierno estatal se cifra en más de 3.900 millones de euros anuales en las Islas, lo que supone un 9,7% del Producto Interior Bruto (PIB) de Canarias, según estimaciones de la asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Las Islas superan incluso en porcentaje a España, cuya cifra de 82.000 millones supone el 8% de su PIB.
Esta radiografía del trabajo no declarado en la comunidad canaria se queda corta. Las centrales obreras cifran el fraude en un 30% del trabajo en las Islas, es decir, 240.000 personas.
"El empleo sumergido es más que trabajar sin contratos, ya que incluye las horas extras que no se cotizan o las que se hacen de más sin cobrar"
Gestha indicó ayer que la implantación de inspecciones adecuadas que redujeran en diez puntos la tasa de fraude laboral en Canarias permitiría recaudar cada año más de 500 millones adicionales procedentes de la cuotas de la Seguridad Social, y más de 13.000