DANIEL MILLET
SANTA CRUZ DE TENERIFE
. El debate, además, no se circunscribe sólo a Canarias, una vez comprobado que la reducción de los salarios de los trabajadores de las administraciones no es suficiente. En el resto de comunidades y hasta en la Administración estatal se discute de qué manera aligerar el voluminoso aparato administrativo. Pero, ¿cuántos altos cargos y asesores hay exactamente en Canarias? Sin esta respuesta es imposible comprender la dimensión de la corte pública
Entre el Ejecutivo, el Parlamento, los cabildos y los ayuntamientos, hay actualmente en el Archipiélago 1.713 altos cargos, entre presidentes, consejeros, concejales, diputados, viceconsejeros o directores generales. Recientemente, el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, remiso a cortar cabezas, presumía de que la comunidad autónoma canaria es una de las que menos altos representantes posee en comparación con las resto del país. En concreto, es la quinta por la cola en términos absolutos, sólo contando con los puestos relacionados con el Ejecutivo, al contabilizar cerca de 130 (exactamente 121). Pero se trata de datos relativos, pues si se calcula la proporción con respecto a la población, Canarias estaría en una zona medio-alta.
Pero luego están los asesores, los miembros de los gabinetes de prensa, los trabajadores elegidos a dedo y, sobre todo, los nada menos que 76 organismos y empresas públicas, una de las losas más pesadas y discutidas del entramado. Sólo en las diferentes áreas del gobierno figuran 19 miembros de gabinete, 27 asesores, 35 secretarios, dos miembros de protocolo, 4 asistentes, 13 integrantes de las oficinas de comunicación y 100 miembros del personal de confianza, aparte de los casi 11.000 funcionarios temporales o de carrera. Los 1.713 altos cargos totales de las administraciones suponen uno por cada 1.225 habitantes.
Hay mucho más: 88 alcaldes, la friolera de 1.272 concejales en el también discutido exceso de ayuntamientos, 7 presidentes de cabildos, 146 consejeros insulares y 80 altos cargos del Parlamento, entre los diputados electos, los responsables del principal órgano legislativo y los funcionarios y asesores de los organismos adscritos a la Cámara regional, como el Consejo Consultivo, la Audiencia de Cuentas y el Diputado del Común.