Francisco PomaresInés Rojas me parece una mujer discreta, competente y trabajadora. Creo que en el ejercicio de sus competencias y responsabilidades al frente de la Consejería de Bienestar Social Gobierno, ha logrado reducir los aspectos más peligrosos del discurso filo xenófobo de Rivero –algo de lo que me alegro mucho- y ha evitado que el racismo magurrio y ramplón se nos colara por las esquinas. Sin embargo, el acuerdo alcanzado ayer en el Parlamento de Canarias –a propuesta de su departamento, y con el apoyo del PP y Coalición- me parece un triste y mezquino precedente.
Lo es sobre todo, porque la propuesta aprobada, si llegara a ser incorporada a la Ley de Extranjería, como pide el Parlamento- supondría un retroceso de décadas en la consideración legal de la infancia. Simplificando bastante el asunto, lo que ocurre es que las leyes y normas actuales no contemplan la figura del niño como inmigrante ‘ilegal’. En la legislación española, los niños son niños y los derechos de los menores prevalecen sobre su consideración de extranjeros o indocumentados.
La presión económica que supone atender a los menores inmigrantes es elevada, sin duda, y se percibe con más inquietud en estos tiempos de crisis. No supone los 30.000 euros por niño y año que se ha dicho tan alegremente, ni ha puesto nunca en peligro las arcas públicas canarias, pero aún así parece razonable buscar algún método que permita que los costes que supone esa atención se repartan solidariamente entre regiones y administraciones. El egoísmo presupuestario que caracteriza a las Autonomías, y la falta de interés del Gobierno de España en resolver un asunto que no es su competencia directa, ha provocado encontronazos y polémicas, incumplimiento de compromisos políticos y el repunte de la demagogia y las mentiras como instrumento de presión frente a Madrid.
Finalmente, el Gobierno de Rivero ha optado por la peor de las fórmulas, que es la del recurso a modificar legalmente el estatus jurídicos de los niños emigrantes, en los que se pretende que prevalezca lo que es accesorio –son emigrantes- sobre lo que es fundamental –son niños-. Ese y no otro es el verdadero meollo de la cuestión, eso es el fondo de lo que se discutió y aprobó ayer en el Parlamento, una decisión que proyecta el mensaje -en román paladino- de que Canarias no quiere cargar con niños emigrantes. Una miserable y mezquina vergüenza más que añadir a las vergüenzas de este tiempo, que ni oculta ni justifica el hecho de que nadie –Canarias no, pero tampoco las otras regiones o el Estado- quiere hacerse cargo de los críos y lo que cuesta atenderlos e integrarlos.
Siento que sea precisamente a una buena mujer, Inés Rojas, a quien le toque defender esta nueva legislación que –prospere o no en Madrid- forma ya parte de la historia de la iniquidad.
Lo es sobre todo, porque la propuesta aprobada, si llegara a ser incorporada a la Ley de Extranjería, como pide el Parlamento- supondría un retroceso de décadas en la consideración legal de la infancia. Simplificando bastante el asunto, lo que ocurre es que las leyes y normas actuales no contemplan la figura del niño como inmigrante ‘ilegal’. En la legislación española, los niños son niños y los derechos de los menores prevalecen sobre su consideración de extranjeros o indocumentados.
La presión económica que supone atender a los menores inmigrantes es elevada, sin duda, y se percibe con más inquietud en estos tiempos de crisis. No supone los 30.000 euros por niño y año que se ha dicho tan alegremente, ni ha puesto nunca en peligro las arcas públicas canarias, pero aún así parece razonable buscar algún método que permita que los costes que supone esa atención se repartan solidariamente entre regiones y administraciones. El egoísmo presupuestario que caracteriza a las Autonomías, y la falta de interés del Gobierno de España en resolver un asunto que no es su competencia directa, ha provocado encontronazos y polémicas, incumplimiento de compromisos políticos y el repunte de la demagogia y las mentiras como instrumento de presión frente a Madrid.
Finalmente, el Gobierno de Rivero ha optado por la peor de las fórmulas, que es la del recurso a modificar legalmente el estatus jurídicos de los niños emigrantes, en los que se pretende que prevalezca lo que es accesorio –son emigrantes- sobre lo que es fundamental –son niños-. Ese y no otro es el verdadero meollo de la cuestión, eso es el fondo de lo que se discutió y aprobó ayer en el Parlamento, una decisión que proyecta el mensaje -en román paladino- de que Canarias no quiere cargar con niños emigrantes. Una miserable y mezquina vergüenza más que añadir a las vergüenzas de este tiempo, que ni oculta ni justifica el hecho de que nadie –Canarias no, pero tampoco las otras regiones o el Estado- quiere hacerse cargo de los críos y lo que cuesta atenderlos e integrarlos.
Siento que sea precisamente a una buena mujer, Inés Rojas, a quien le toque defender esta nueva legislación que –prospere o no en Madrid- forma ya parte de la historia de la iniquidad.