Luisa del RosarioLas Palmas de Gran Canaria
Las leyes punitivas son de inmediato cumplimiento, las que conceden derechos se alargan en su ejecución indefinidamente», decía ayer un lector de este diario en su edición digital. Se quejaba de que para recibir la prestación por dependencia se debe demostrar la situación de precariedad del afectado, y esperando la resolución de este trámite ya han muerto más de mil personas en Canarias. El viejo concepto de poder, tan interesadamente olvidado, sirve para explicar cosas como estas. Para los actos de promoción, los espectáculos de variedades e incluso las subidas de sueldo de los parlamentarios, no se exige ninguna prueba a sus beneficiarios. Ellos tienen el poder de decidirlo, y también el poder de enviar a su ejército de relaciones públicas a convencer a la ciudadanía de lo positivo que es para todos. Al mismo tiempo, nos convencen de que los pobres «se lo han buscado, por vagos y maleantes». Y por repetición llegan a convencer, incluso, a los propios pobres.
Las reglas cambian según a quien se apliquen. Por eso, reconoce un dirigente socialista, hay menos obstáculos administrativos para gastarse un millón de euros en un espectáculo que para dar casa a cien pobres. La potencialidad del poder hace el resto, y logra que pase desapercibido, que aceptemos que la supervivencia del sistema consiste en atender los caprichos de la clase dirigente y olvidar a esas mil víctimas de la burocracia.