TERESA CÁRDENES
Si nadie lo remedia, el punto de encuentro familiar (PEF) de Vegueta, de cuyo funcionamiento depende la estabilidad emocional de al menos cien niños sometidos a separaciones turbulentas de sus padres, cerrará sus puertas el 30 de noviembre próximo.Justo en puertas de la Navidad y en fechas particularmente delicadas para ejecutar, supervisar o asegurar estancias temporales de menores con padres o madres que no disponen de su custodia. La culpa la tienen los 435.000 euros que le cuesta como poco al Cabildo de Gran Canaria el mantenimiento anual del centro. O para ser más exactos, la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, titular de las competencias, cuyo responsable, José Miguel Ruano, encuentra mucho más útil ocuparse de las machangadas de la policía autonómica, uniforme volcánico incluido, que interesarse por el bienestar emocional de niños castigados a su pesar por dramas familiares de muy distinta intensidad, desde divorcios no amistosos hasta tragedias como la existencia de órdenes de alejamiento contra sus padres por casos de violencia machista.Desde hace meses, los sucesivos responsables de Asuntos Sociales del Cabildo, Salud Gil (PP) y ahora Pedro Quevedo (Nueva Canarias), claman ante el Gobierno para que se haga cargo de un servicio estrenado con el apoyo económico inicial, luego retirado, del Ejecutivo. Y ahora, en medio de una cínica guerra institucional de la que los menores son rehenes, el centro se ve abocado a un cierre inminente porque la viceconsejera de Justicia, Carolina Déniz, ni siquiera encuentra hueco en su agenda para hablar con Quevedo. Tal vez porque su doble ocupación como portavoz del Gobierno le roba todo su tiempo, entretenida, es natural, en el vano intento de hacer parecer coherentes y sujetos a algún tipo de lógica los constantes para y arranca del Ejecutivo en asuntos tan diversos como la ¿frustrada? subida del IGIC, los planes de empleo que se dan de boca con la normativa comunitaria o la perreta de esa policía volcánica que un día aplaza Rivero por la crisis y al siguiente reactiva Ruano. "El Gobierno para nuestra gente", cacarean ellos. Pero del reparto de los chiquillos que se ocupen, de eso sí, la Policía Nacional o la Guardia Civil, por muy angustiosa que para los menores pueda resultar la simple aproximación a una comisaría o un cuartel. Total, estos niños son pocos y además tampoco votan.