La última encuesta de población activa (EPA),
la del primer trimestre del año, tiene lecturas distintas de las que
saltan a simple vista. Una de estas interpretaciones permite acercarse a
la realidad del empleo en negro en la comunidad autónoma, y de ella se
desprende un sensible incremento de la actividad sin regularizar
en el último año y desde 2008, el primer ejercicio que discurrió sumido
de lleno en las estrecheces propias de la crisis. No en vano, la
economía canaria cuenta hoy con alrededor de 86.000 ocupados menos que
en marzo de aquel año, pero con aproximadamente 13.500 trabajadores más en negro.
En el período enero-marzo había en las Islas, según los
datos de la EPA, 771.500 ocupados, un número notablemente superior al de
afiliados a la Seguridad Social, que al último 31 de marzo eran
688.194. Es este desacuerdo entre las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) y las del Ministerio de Empleo, es decir, entre las cifras de la EPA y las del departamento de la Seguridad Social, el que sitúa a más de 83.000 canarios, exactamente a 83.306, en la inseguridad de la economía sumergida.
Guarismos que suponen solo una aproximación a un fenómeno sociolaboral
tan difícil de medir como el del trabajo en negro, pero que cobran
incluso más significación si se los compara con los del inicio de la crisis.
A casi 86.000 (85.900) más que ahora.
En cifras interanuales, el volumen de ocupados en el Archipiélago nunca
ha vuelto a llegar, ni de lejos, siquiera a los 800.000. En esos
primeros tres meses de 2008, y en concreto el último día de marzo, el
Ministerio de Empleo, que todavía dirigía el socialista Jesús Caldera, contabilizaba 787.511 afiliados a la Seguridad Social, de modo que ese «limbo» de trabajadores en la economía sumergida lo constituían «solo» 69.889 personas, 13.417 menos que hoy.
En otras palabras: siete años de estrecheces después, la economía de la
comunidad dispone de 85.900 ocupados menos y, en paralelo, de casi
13.500 empleos en negro más.