
Así todo, hay algunos puntos calientes respecto a los que los grandes distribuidores no están dispuestos a ceder un ápice, como han indicado, y son todos aquellos que buscan ajustar los salarios a la actual coyuntura de crisis.
Apoyada en la caída de las ventas -de media un 40% durante la crisis- y el alza de los costes laborales -de un 9%-, Anged (formada por 17 empresas, entre las que están además de las citadas anteriormente Alcampo, Ikea, Eroski, MediaMarkt, Leroy Merlin, C&A, ToysRus) señala como «propuestas inamovibles» de la negociación elevar la jornada laboral en 56 horas -pasando de 1.770 a 1.826 anuales- y eliminar una de las 16 pagas extraordinarias mientras que no se alcance la recuperación de 2008. Las propuestas afectan a unos 230.000 trabajadores a nivel nacional. De estos, unos 8.000 están en Canarias.
Además, la patronal propone que de aquí a 2016 -cuando expirará este convenio-, si a principios de cada año hubiera un descenso de las ventas de un 5%, se aplicará una bajada de las tablas salariales en igual porcentaje (5%). Y si el descenso oscilara entre los dos y los cinco puntos, el recorte salarial fuera del 2%, según fuentes sindicales.
El planteamiento de Anged contempla también que, si en el supuesto de que la facturación caiga durante dos trimestres consecutivos en un establecimiento concreto, se pueda eliminar a sus trabajadores otra paga extra o se recorte un 16% el salario.
Aparte de estas propuestas «intocables», según informa Efe, la patronal ha planteado otra serie de medidas a lo largo de la negociación que endurecen incluso el programa inicial. Entre otras cosas, la patronal ha puesto sobre la mesa la supresión del pago por festivos o domingos trabajados y que el empresario pueda enviar a otro centro de trabajo a un empleado que solicite la reducción de horario por guarda legal si considera que dicha reducción le impide ocupar su actual puesto de trabajo.
Anged ha llegado a plantear a los sindicatos la congelación de la antigüedad a los trabajadores a fecha de 31 de diciembre de 2012 y su posterior eliminación.
Los representantes sindicales se han opuesto frontalmente a las propuestas que plantea la patronal. Según indican, su objetivo es ligar los salarios a la evolución del consumo.