Sanidad debe pagar 60.000 euros por el alta en el Insular de un paciente desorientado sin acompañamiento

"El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado *a la ciudadanía* a través del Servicio Canario de la Salud (SCS) a pagar 60.000 euros a la familia de un paciente de 61 años que fue dado de alta *por una profesional* del Hospital Insular de Gran Canaria sin acompañamiento, pese a presentar problemas de desorientación."

CANARIAS 7
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al Servicio Canario de la Salud (SCS) a pagar 60.000 euros a la familia de un paciente de 61 años que fue dado de alta por el Hospital Insular de Gran Canaria sin acompañamiento, pese a presentar problemas de desorientación.

De hecho, en las cámaras se observa cómo el paciente intenta volver a entrar en el recinto sanitario y se le impide, por lo que a continuación permaneció sin poder ser localizado desde las diez y media de la noche y hasta la actualidad.

Los familiares indicaron que una doctora decidió el 27 de septiembre de 2022, seis horas después del ingreso, dar el alta al paciente pese a que los familiares habían advertido de que se les avisara, dada su condición de paciente A.A., que son aquellos que requieren atención y acompañamiento.

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Bahía de Formas: el espejo roto de la política de vivienda en Canarias

La reciente macrooperación de la Guardia Civil en el asentamiento de Bahía de Formas, donde sobreviven cientos de familias y hasta un millar de personas en unas 200 construcciones precarias, no es un hecho aislado ni una anécdota urbanística. Es, en realidad, el retrato más descarnado de un fracaso colectivo: el de las políticas de vivienda en Canarias.

Resulta obsceno que, mientras el Estado y la Comunidad Autónoma reconocen la existencia de más de 200 000 viviendas vacías en las islas, seres humanos se vean obligados a habitar chabolas, caravanas o estructuras improvisadas, sin servicios, en insalubridad y al margen del derecho. El artículo 47 de la Constitución Española consagra el derecho a una vivienda digna; los poderes públicos deben garantizarlo.

Los datos son escalofriantes: en Santa Cruz de Tenerife, el 17,3 % del parque inmobiliario está vacío; en Las Palmas de Gran Canaria, un 14,3 %. Aun así, el precio del alquiler aumentó un 17 % en 2024, lo que condena a muchos jóvenes a destinar hasta el 40 % de su salario a una habitación. La contradicción es brutal: sobra ladrillo, pero falta techo. Se legisla mucho y se actúa poco. Mientras tanto, la inacción institucional y la especulación expulsan a los más vulnerables.

El Cabildo de Gran Canaria anuncia 1 000 viviendas públicas; Mogán proyecta 254 viviendas asequibles. Sin embargo, estas cifras palidecen ante la existencia de cientos de miles de inmuebles vacíos. Faltan medidas contundentes de movilización del parque vacío, mecanismos sancionadores reales, y políticas de alquiler social contundentes.

Desde una perspectiva jurídica, lo ocurrido en Bahía de Formas ejemplifica la transformación del derecho en ilegalidad. Las familias allí presentes no han ocupado por capricho, sino por desesperación. Aunque la Constitución reconoce la vivienda como derecho fundamental de carácter prestacional, la práctica institucional la ha mercantilizado sin garantizar eficacia real.

No está en la llamada “ocupación” el verdadero problema, por más que haya sido magnificada por una aterradora propaganda propietarista, alimentada incluso por escuadras de inspiración nazi-fascista que han creado “empresas desocupas”, actuando impunemente sin que el Estado democrático haya tenido la fuerza de ilegalizarlas. El verdadero problema radica en el acaparamiento y la especulación: en los grandes propietarios que mantienen cerradas viviendas, en la inversión salvaje que convierte hogares en activos financieros, y en el mercado que antepone el beneficio al derecho humano.

El caso Bahía de Formas interpela a nuestras instituciones: la dignidad humana debe imponerse sobre la especulación inmobiliaria. El Estado de Derecho no debe limitarse al desalojo, sino garantizar alternativas habitacionales previas. Su inacción vacía de contenido el artículo 47 CE y degrada el principio de Estado social y democrático de Derecho del artículo 1.1 CE.

La crisis de Bahía de Formas no es un accidente; es el resultado de años de omisión política, mientras el turismo devoraba el suelo y el mercado expulsaba a los más débiles. El fracaso de las políticas de vivienda en Canarias se mide no solo en cifras, sino en vidas destruidas, personas tratadas como ilegales en su propia tierra. La pregunta, en clave jurídica y política, es inevitable: ¿están nuestras instituciones y, en especial, el poder judicial, dispuestas a tomar y ejecutar decisiones en favor de los derechos de las personas a acceder a una vivienda digna y a no ser desalojadas hasta tener una alternativa habitacional, o seguirán gobernando para las élites propietaristas, que exigen inconstitucionalmente una protección absoluta del derecho a la propiedad privada, en especial de la vivienda?

José Manuel Rivero. Abogado.


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ARTENARA. RUTA ARTE SACRO

Hoy estuvimos en Artenara. Amigos de la Casa de Cultura y Encuentro nos cogimos la guagua , pasamos nuestros calorcitos, hablamos de todo un poco, paseamos y conocimos los estudios sobre la Ruta Sacro que se están realizando.

Nos pusimos trascendentes dssde el realismo y aprendimos que "Todos tenemos cosas sagradas. La comida de los hijos, las herramientas..." A veces decimos: "Esto no lo vendo, esto es sagrado".

Cada pueblo sacraliza algunas cosas. Es vital. Romper lo sagrado nos mete en crisis. Dijo uno de los ponentes; "De tanto experimento pedemos lo sagrado.". Cree que para el sentido de la vida hay que elegir qué cosas de lo cotidiano queremos sacralizar. Pero es una escalera, se puede avanzar más. 

Artenara también es buen lugar para recordar que por allí pasó Unamuno e hicimos un hermoso recorrido por los miradores. Unamuno en 1910 dijo que aquí el silencio le habló.

Aquí se puede sentir la sacralidad del dolor y se puede dar el paso a la solidaridad. Cuando vemos lo sagrado en lo colectivo brota el ritual colectivo.

Los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria deben dedicar el 53% de su salario para pagar un alquiler

Los españoles deben dedicar de media el 52,61% de su salario bruto para cubrir el alquiler de una vivienda tipo de 90 metros cuadrados, según un informe del portal inmobiliario pisos.com, que apunta además que alquilar una habitación en un piso compartido supone un 18,46% del sueldo.

Un total de once capitales de provincia superan el 50% del salario bruto destinado al alquiler: Barcelona (114,07%), Madrid (100,98%), San Sebastián (77,41%), Palma de Mallorca (74,58%), Valencia (63,99%), Bilbao (63,68%), Málaga (59,92%), Sevilla (56,39%), Las Palmas de Gran Canaria (53,28%), Vitoria (50,64%) y Gerona (50,30%).

Por el contrario, las capitales de provincia en lo más bajo del ranking son: Ciudad Real (28,81%), Orense (29,27%), Zamora (29,47%), Jaén (30,16%), Lérida (30,22%), Palencia (30,26%), Badajoz (31,51%), Cuenca (31,75%), Albacete (32,18%) y Huesca (32,60%).

Canarias lidera en España la compra de vivienda por parte de extranjeros: un 30% son para ellos

Viñeta originalmente dedicada a otra región, que ilustra el mismo hecho

 Toni Ferrera

El último informe del Colegio de Registradores de España muestra un hito que llevaba dos años sin darse: Canarias ha liderado en el último trimestre, el que va desde abril a junio de 2025, la compra de vivienda por parte de extranjeros en este país. Cerca de un 30% (el 29,98%, para ser exactos) de las adquisiciones de casas en el Archipiélago fueron protagonizadas por foráneos, superando así a las comunidades de Baleares (28,42%) y la Comunitat Valenciana (28,13%). La media nacional se sitúa en un 14,1%

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El precio de las viviendas de alquiler en Canarias pasa factura a la salud mental

laprovincia

El Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (ODESOCAN) ha elaborado un exhaustivo informe que analiza la relación entre las condiciones actuales de la vivienda, las dificultades de acceso a la misma y su incidencia sobre la salud mental en Canarias.

El estudio muestra diversas barreras para acceder a la vivienda, entre ellas factores económicos, fiscales y sociales, además de cómo el surgimiento de las burbujas de alquiler, la presión turística y las condiciones laborales vinculadas al sector servicio, se encuentran asociadas a un incremento en los trastornos ligados a la salud mental. Según Odescan, el objeto del estudio y la importancia de realizar un informe sobre la situación que afronta la población canaria en relación a la inseguridad habitacional, sitúa a la vivienda como el principal predictor del estado de la salud mental de una población.

La directora de Odescan. Emma Colao, asegura que «aunque la inacción de la administración política sobre el problema de la vivienda en Canarias no aparezca reflejado en este informe, es sin duda el principal causante del problema de la vivienda en Canarias, cuyas consecuencias llegan a afectar hasta a la mismísima salud de la población».

Propuestas para favorecer el acceso a la vivienda

Sugieren la necesidad de implementar políticas públicas que mejoren el acceso a la vivienda y refuercen los servicios de salud mental, y por tanto, que garanticen abordar de manera efectiva los desafíos que enfrenta la población.

El documento destaca que en las Islas, una persona debería empezar a trabajar a los diez años si quiere independizarse a la edad promedio de la UE, 26,4 años. Asimismo, recalca que el Archipiélago es la séptima comunidad autónoma con mayor consumo de antidepresivos con 104,09 cada 1.000 personas, lo que la sitúa por encima de la media estatal que es de 103,7. Para más información, en www.odesocan.org.

Derecho a Techo carga contra el informe de los economistas contrario a declarar zona tensionada a Las Palmas de Gran Canaria

Imagen de https://canarias-semanal.org/art/38143/canarios-expulsados-de-el-paraiso

Canarias Ahora

La plataforma contra los desahucios Derecho al Techo ha criticado este lunes la oposición del Colegio de Economistas de Las Palmas a la declaración de Las Palmas de Gran Canaria como zona tensionada por problemas de vivienda, porque considera que este colectivo profesional se ha alineado con quienes se benefician de la especulación urbanística.

La organización social ha reaccionado así al informe difundido el pasado viernes por el Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas y elaborado en virtud de un convenio de colaboración con la empresa Visocan, dependiente del Gobierno de Canarias, que concluye que la capital grancanaria no cumple ninguno de los requisitos exigidos por la Ley de Vivienda para ser considerada zona tensionada, de acuerdo a datos oficiales y criterios técnicos, pese al parecer contrario del Ayuntamiento.

Derecho al Techo niega ese planteamiento, pues opina que el posicionamiento de los economistas es una muestra de que “el Gobierno de Canarias y las élites técnicas que lo rodean no tienen ninguna voluntad política de aplicar ni siquiera una medida mínima de contención del mercado inmobiliario, por limitada que sea”.

A su juicio, “la negativa a reconocer Las Palmas zona tensionada confirma su compromiso con los intereses de la patronal inmobiliaria, los fondos de inversión y la especulación urbanística”.

Derecho a Techo insiste en oponerse al documento del colegio profesional, que recuerda que “cuestiona el informe técnico aprobado por el pleno del Ayuntamiento en enero de 2025, que sí reconocía que se superaban los umbrales marcados por la Ley de Vivienda para aplicar una limitación de precios”.

La plataforma apunta que el Colegio de Economistas “niega la tensión habitacional en base a una supuesta abundancia de viviendas vacías o sobrantes”, pero “lo que no explica es por qué, en medio de ese excedente, miles de personas viven hacinadas, comparten piso, dedican más del 40% de su sueldo al alquiler o, directamente, están siendo expulsadas de sus barrios”.

Y añade que “tampoco dice que muchas de esas viviendas sobrantes no están en alquiler ni en venta, sino en plataformas turísticas o, simplemente, retenidas como activo financiero”.

Desde esos argumentos, Derecho al Techo respalda el paso dado por el Ayuntamiento en favor de la declaración de zona tensionada, pese a considerar -matiza- que “no es una solución estructural” porque “no resuelve la raíz del problema: el carácter mercantil de la vivienda, la falta de control público y la precariedad estructural de buena parte de la población”.

Porque “es una herramienta que podría frenar o, al menos, ralentizar la espiral de subidas de precios”, sostiene, apuntando como prueba de ello que, “en Barcelona, donde ya se aplica, los precios bajaron un 6%”.

La conclusión de la plataforma, que afirma que “la declaración de zona tensionada por sí sola no basta” y que “tiene que ir acompañada de una moratoria de la vivienda vacacional y de una regulación clara y efectiva de los alquileres por temporada, que hoy se utilizan como vía de escape para evitar cualquier control”, es que Gobierno autónomo y patronales rechazan “incluso eso: un mínimo freno, un leve cortafuegos”.

Algo que era previsible, porque “no confiamos en que las instituciones caciquiles de Canarias impulsen políticas valientes” y “no esperamos que se enfrenten a los grandes intereses inmobiliarios”, señalan desde Derecho al Techo, aunque apostillando: “pero tampoco nos resignamos”

"NOS QUEDAMOS" - JONY DE DERECHO A TECHO

Arte insurgente y popular en Agaete - Paco Arana y Javier Marrero en radio

La empresa de transporte más importante de Gran Canaria solidaria con Palestina

 Global es la empresa de transporte más importante de la isla. Es una cooperativa propiedad de los más de setecientos trabajadores. Tienen regulado que las diferencias salariales no se rijan por las leyes del mercado. 

Ahora además han decidido defender la causa palestina