ANTONIO F. DE LA GÁNDARA/CANARIAS7
La portavoz en Las Palmas de la Unión Progresista de Fiscales cierra el ciclo de entrevistas con el que las distintas corrientes de opinión del ministerio público han expresado para este periódico su punto de vista sobre las inminentes reformas en el modelo de investigación penal.
— ¿Hay sumisión de la Fiscalía al Gobierno?
— Sí, claro. El fiscal general del Estado (en adelante, FGE) está nombrado por el Gobierno, luego, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué nombramientos realiza el gobierno? Pues el Gobierno realiza el nombramiento que quiere. ¿Queremos un FGE que esté nombrado por el Gobierno, o nos parece que eso está mal? Si nos lo preguntan a la Unión Progresista de Fiscales, entendemos que, cuando menos, tenía que haber una designación parlamentaria del FGE, posiblemente con mayorías cualificadas o que, por lo menos, el nombramiento provenga de esa representación de la voluntad popular, no olvidemos que la soberanía reside en el pueblo, y reside para todo, también para el nombramiento del FGE.
— Muy normal no debe de ser esta situación, cuando la Unión Europea amonestó a España en 2014 por la escasa transparencia de las comunicaciones entre el FGE y el Gobierno...
— No sólo eso, sino que también hizo referencia a los nombramientos, a la transparencia que tiene que haber en los nombramientos. Vale que no estén regulados por criterios objetivos, pero entre otras cosas, yo creo que la sociedad tampoco sabe muy bien qué tipo de profesionales quiere. Europa lo que le está pidiendo al Gobierno es: fundamenten sus nombramientos, sean transparentes y déjennos saber por qué ustedes hacen esos nombramientos. Y por supuesto, en cuanto a esa relación que existe entre el Gobierno y el FGE, lo que está claro es que, si yo nombro a una persona, nombro a alguien con el que voy a tener correa de transmisión, con el que voy a poder tener contacto, a quién puedo llamar a su teléfono personal cuando quiera. Esto no es una cosa que tengamos que imaginarnos que funciona así, es que parece que es así. Los medios de comunicación han desvelado –y no ha sido desmentido–, que una de las razones por las que no fue renovada la anterior fiscal general, Consuelo Madrigal, fue porque parece que se negó en redondo a realizar los nombramientos que se le pedían por parte del ministro.
— El otro día, su compañero Miguel Pallarés dijo que el reglamento del Ministerio Fiscal, de 1969, es «rancio y franquista». ¿Lo comparte?
— ¿Usted cree que en el franquismo podían tener un reglamento del fiscal que pueda ser válido hoy? A poco que se tenga conocimiento de la historia de España, se puede entender que no podemos tener, con una mínima decencia y dignidad, un estatuto que provenga o tenga sus raíces en la dictadura franquista.
— ¿Cómo puede pervivir?
— Porque no se ha llevado al debate político qué construcción del Ministerio fiscal queremos. Porque, más allá de que el fiscal sea el instructor, lo que nos estamos jugando ahora es: ¿queremos verdaderamente un Ministerio Fiscal constitucional, y que tenga esa función de protección no sólo de la legalidad, sino de los colectivos que son más vulnerables y de la gente que está en situaciones de desfavorecimiento social y económico? ¿Verdaderamente nos creemos que el Ministerio Fiscal juega un papel en eso? A mí me parece que no, y el modelo de Ministerio Fiscal tiene que ser mucho más comprometido con los colectivos más vulnerables, con las personas discapacitadas, con los menores, con las situaciones de asimetría social. Y, ¿dónde encontramos situaciones de asimetría social que nos sirvan para determinar qué tipo de fiscal queremos? Pues se me ocurre que en el territorio canario, por verlo más fácilmente, tenemos unas asimetrías económicas de tal calibre, que no podemos hablar de Justicia si en la aplicación de las normas no tenemos presente la incidencia el delito de la pobreza: un lugar como Canarias, receptor y lugar de llegada de migrantes, de personas que huyen de la pobreza, de personas refugiadas, de mujeres en situación de trata, no se ha convertido en territorio de acogida. Y además, la legitimación para pisar los pies descalzos de estas personas que llegan, la ejercita la Justicia... No somos un territorio de acogida. Creo que, por humildad, nos deberíamos de lavar la boca, antes de mencionar la palabra Justicia.
»Luego está el tema de la asimetría en cuestión de género, queremos un fiscal con perspectiva de género. Si no, cómo podemos hablar de aplicar la Justicia. Queremos definir la figura del Ministerio Fiscal, por supuesto como investigador en el ámbito penal, pero que sea mucho más que una persona que acusa. Queremos un fiscal protector de las víctimas, y resulta que, ahora mismo, nos encontramos con que la Fiscalía General del Estado, lejos de siquiera potenciar, lo que ya no es suficiente, lo que está haciendo es restando, y considerando que la protección de las víctimas es algo que no le corresponde. Pues nosotros creemos que sí le corresponde, y por lo tanto, está por decidir qué tipo de Ministerio Fiscal queremos, porque es verdad también, no se nos puede escapar, que la Justicia –no entendida como virtud de dar a cada uno lo suyo, sino como un conjunto de leyes que se aplican en un estado democrático– es un engranaje que funciona muy ligero cuando se trata de intereses de personas que pertenecen a las clases más desfavorecidas, pero muy lento y muy pesado cuando se trata de afectar a intereses de personas que tengan poder.
— Hombre, escuchar esta definición en boca de una fiscal... Cuando menos, sorprende un poco, ¿no cree?
— Cualquier configuración de poder necesita contrapoderes para no convertirse en un monstruo que nos devore. A mínimo que se estudie sobre teoría política y Democracia, se sabe que el poder va creciendo, se va alimentando, y necesita contrapoderes. Tenemos que preguntarnos si el Ministerio Fiscal podría servir de contrapoder con respecto al Poder Judicial y, de otro lado, qué contrapoderes tiene el Ministerio Fiscal, porque los contrapoderes, así mirando para dentro, ahora mismo se sustentan en el trabajo diario de cada fiscal que quiere trabajar con autonomía, que es una forma de contrarrestar el poder. Creo que también sería conveniente que la ciudadanía pudiera tener acceso a un mayor conocimiento de cómo se trabaja en el día a día.
—¿Falta de transparencia?
— Se necesita mucho más transparencia, que las portavocías sean mucho más accesibles a la ciudadanía, a los colectivos, a las organizaciones sociales y a los periodistas. Es decir: si en un momento dado la FGE decidió que las preferentes no eran un delito, pues habría que explicarle a la ciudadanía por qué se dijo que no era delito, porque hay mucho jurista y mucha gente dentro de la propia carrera que entendía que podría ser delito. Entonces, si la FGE decide que no es delito, lo mínimo es que nos explique por qué no es delito. Es sólo un ejemplo.
— Es que, yo creo que hasta que no afloró toda esta corrupción actual –y cuando digo actual me refiero a la de la era moderna, hasta bien entrados los ochenta–, el fiscal era una cosa de... de las películas de el Lute, del robagallinas. Al común de los mortales le daba más o menos igual cómo funcionara, mientras funcionara lejos y no se metiera con ellos, ¿no?
— Si, bueno, eso me lleva a pensar que hay otro problema en esa sociedad que debería de ser abordado, y es que en el ámbito judicial utilizamos un lenguaje que nos separa de la gente, que la gente no nos entiende. Parece que somos propios de otro siglo, y nuestro lenguaje es tan especializado –muchas cosas las decimos en latín– que la gente no nos entiende. Tenemos que tener la capacidad de hacernos entender, porque el buen profesional es el que se hace entender. Tenemos que empezar a usar palabras muy distintas a las que estamos acostumbrados a usar. La ciudadanía nos tiene que entender, para comprender el funcionamiento del fiscal y del juez, Al final, la ciudadanía, ¿qué es lo que no quiere? No pasar por un juzgado bajo ningún concepto.
— Con estos mimbres que me pinta, me parece que el hecho de que el fiscal asuma la instrucción penal va a ser un poco desastre.
— Evidentemente, asumir la instrucción necesita reformas legislativas, pero eso no es problema, lo que hace falta es voluntad política. Lo que pasa es que la solución que tenemos actualmente tampoco es buena; aquí tenemos ocho juzgados de instrucción, y resulta que, dependiendo del numero al que entres, te pasan unas cosas u otras. No existe una mínima previsión de la ciudadanía sobre qué le va a pasar cuando se instruye un determinado procedimiento.
—¿Por qué lo dice, por falta de uniformidad en las resoluciones?
— Porque cada juez es un reino de taifas en si mismo. Evidentemente, hay unos mínimos. Esa es una de las razones para cambiar. Una de las razones por las que conviene dar la instrucción al fiscal, por supuesto dotado de autonomía. Pero eso es muy sencillo: en la normativa en la que ponga que el fiscal instruirá la investigación penal, tenemos que tener un Estatuto en el que, por ejemplo, no se puedan dar órdenes en asuntos concretos. Una vez que se consiga autonomía, que hay muchas formas de conseguirla, sólo hace falta voluntad política. ¿Qué ganaría la ciudadanía? Que el fiscal trabaja conforme a unas instrucciones, a unas circulares, a una lógica que es mucho más unitaria, Y cuando una persona vaya a un juzgado, más o menos podrá conocer, con una cierta uniformidad, qué es lo que previsiblemente le puede llegar a pasar.
El número de hogares con todos sus
miembros en paro en Canarias se cifra en 102.000, según los datos del
primer trimestre de 2017 facilitados por el Instituto Nacoinal de
Estadística (INE), que muestran un descenso de un 0,49 % en respecto al
trimestre anterior cuando había 102.500.
