Por Ramón Trujillo (*)
Canarias-semanal.org
La propuesta de
Reforma del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), contenida en la
Comunicación del Gobierno al Parlamento de Canarias de julio de 2012, incluye
la renovación de un descuento en el Impuesto de Sociedades, de hasta el 90%,
denominado Reserva de Inversiones de Canarias (RIC). El descuento fiscal está
condicionado a la inversión del dinero no pagado en concepto de impuestos.
La RIC, en palabras del actual
vicepresidente del Gobierno de Canarias es la “mejor herramienta con que cuenta
hoy Canarias para capitalizar las empresas y crear empleo”. En 2010, cuando
hizo estas declaraciones, la RIC llevaba ya dieciséis años en vigor y habían
pasado siete años desde que los legisladores canarios se habían jactado, en el
texto de la Ley de Directrices, de que el Archipiélago “no importa sino que
exporta capitales”.
En 2005, la Organización Profesional de
Inspectores Fiscales del Estado en Canarias afirmó que las empresas que han
usado la RIC están “sobrecapitalizadas” y que tal beneficio fiscal “puede
considerarse agotado porque las empresas, en muchas ocasiones, no saben ya que
hacer con los fondos de la RIC, por lo que buscan salidas contrarias a lo que
realmente establece la norma”. La capacidad de exportar capitales no parece ser
contradictoria con la necesidad de capitalizar a nuestras empresas.
La nueva RIC que plantea el Parlamento de
Canarias “mantendrá su dinámica de funcionamiento actual”, con algunos cambios.
Y esto es sorprendente porque nunca se ha hecho una evaluación imparcial y
detallada de los efectos positivos y negativos del enorme gasto fiscal que ha
conllevado la RIC, ni una estimación sobre cómo habrían afectado a la economía
canaria los recursos canalizados a través de la RIC en caso de haber sido
recaudados e invertidos en Canarias por las administraciones públicas.
(...) No se entiende que no se haya hecho una
evaluación crítica de la RIC, cuando sus propios defensores han señalado
múltiples y graves defectos. El exconsejero de Economía y Hacienda, José Carlos
Mauricio, habló de malos usos de la RIC, en octubre de 2005, “como la inversión
en coches de lujo” y también, con anterioridad, criticó que había contribuido a
encarecer el suelo industrial. En enero de 2007, apuntó a su vertiente de
fomento de la especulación: “hay 100.000 casas vacías porque les valía la
Reserva de Inversiones. Invertían y dejaban las casas cerradas porque se
revalorizaban”.
También el líder del PP canario, José Manuel
Soria, llegó a explicar que, “si quienes no pagan impuestos se dedican a
comprar muchas viviendas para utilizar ese dinero, resulta que al final,
quienes no tenemos RIC y vivimos de un salario vamos a ser perjudicados por la
tendencia al alza de los precios de las viviendas”. Juan Romero Pi,
expresidente de la Zona Especial Canaria señaló directamente a “la inversión de
la RIC en el sector inmobiliario” como uno de los factores que han contribuido
a la crisis en el Archipiélago.
Desde la patronal de hostelería, en 2004,
Fernando Fraile criticaba que “se han construido más camas [turísticas] de las
debidas por efecto de la RIC […], que ha permitido la construcción de miles de
camas turísticas sin atender a criterios de demanda del mercado ni de
rentabilidad económica, lo que nos ha arrastrado a una bajada de precios sin
precedentes y rentabilidades muy ajustadas”. Hubo más quejas en el mismo
sentido y otras que apuntaban a la RIC como uno de los factores explicativos de
las fuertes desigualdades que hay en Canarias.
(...) Hoy la reforma del REF, que incluye la RIC,
plantea que el suelo vuelva a ser objeto de deducción fiscal (con obvios
efectos especulativos) y que sirva para financiar la inversión en el
extranjero, invertir en deuda pública (se le presta a la Administración el
dinero que no se cobró en impuestos) y se plantea dar cabida a la reducción de
cotizaciones sociales, como indicó recientemente el consejero de Economía,
olvidando que las cotizaciones no son impuestos, sino salario indirecto. (..)
Hoy 27 de febrero se celebró en la parroquia de La Vega de S. José la Eucaristía aniversario por los 50 años de la muerte de Guillermo Rovirosa. Presidida por el obispo don Francisco Cases, dijo: Deberíamos estar atentos a la llamada de Dios igual que le pasó a Rovirosa en París donde escuchó "el cristiano es un especialista en Cristo".
0tra vez el Ayuntamiento de Telde está en el punto de mira de los
tribunales de justicia. La Fiscalía Provincial ha abierto diligencias
por la denuncia que interpuso Más por Telde por supuestas
irregularidades cometidas en varios pagos financiados con cargo al
crédito de 72,5 millones de euros que el ICO avaló a Telde en 2012.
Ha visitado Canarias de la mano de la Fundación Olarte y menudo "rebuzno" ha soltado el sacerdote y teólogo claretiano Benjamín Forcano (Zaragoza,1935):
El área de consumo del Gobierno de Canarias ha detectado que el 80% de los contratos financieros que regulan las condiciones de las tarjetas de crédito contienen intereses de mora «cinco veces por encima del coste legal del dinero». Hasta ahora la Dirección General de Comercio y Consumo ha abierto expediente a 80 contratos.
El presidente de Cecapyme, Prudencio
Lorenzo, ha dicho que la patronal y los sindicatos se oponen a la
apertura "indiscriminada" de los centros comerciales y grandes almacenes
de la ciudad con una campaña que, de forma "simbólica", comienza en
Triana y que, posteriormente, se extenderá a toda la isla.
Los parados de larga duración en Canarias han aumentado un 17% desde 2012, al pasar de 200.300 a 235.080 personas en 2013, lo que supone un punto por encima de la media nacional, que registró una subida del 16%, según un informe de Randstad.
Entonces, la presidente del grupo parlamentario del PSC-PSOE, Dolores Padrón, expuso la necesidad de convocar la consulta o referéndum bajo los mismos argumentos que esgrime hoy el presidente canario, Paulino Rivero, líder también de CC. En definitiva, la idea era preguntar a la ciudadanía acerca del «modelo productivo» que quiere para el archipiélago: si uno orientado hacia el petróleo y las energías fósiles u otro orientado hacia el turismo y «sostenible». Es decir, la misma formulación maniquea que caracteriza el discurso del Ejecutivo autonómico desde que el Estado autorizara a la multinacional española para llevar a cabo la exploración.
Ni estudian ni trabajan. La proporción de jóvenes canarios
expulsados a los márgenes de la sociedad ya era elevada hace años, pero
la crisis no ha hecho más que engordar la cifra. Tres de cada diez
jóvenes de entre 19 y 24 años (29,4%) no se estaban formando ni tenían
empleo en 2013, según los últimos datos del Ministerio de Educación.
El Archipiélago se situó así como la comunidad autónoma con mayor
porcentaje de ninis de todo el país, siete puntos por encima de la media
española -22,8%-, y seguido muy de cerca por Andalucía y Murcia. En
2011 este porcentaje era del 26%, frente al 21,1% de media de todo el
país. 
Diferentes presiones han logrado que el Banco de Santander ceda y se pueda ver el docvumental del tinerfeño Victor Moreno Edificio España, cuya muestra había estado bloqueada por el propietario del inmueble (la división inmobiliaria del Banco Santander).
Para encontrarlos hay que buscarlos, y eso no parece cosa de políticos. No están escondidos sino que, simplemente, es el sitio que los mantiene resguardados y que han elegido como su hogar provisional. Para llegar al lugar, en la espalda del hotel Escuela, hay que "patear" entre callaos, piedras, arena y algo de escombro del cauce del barranco de Santos. ¿Quiénes les ayudan? "La administración, no, desde luego, porque por aquí no han estado". Ahí solo llegan quienes entienden que están en una situación "algo mejor": los okupas del Viera y Clavijo. Son estos quienes les llevan alimentos de los que ellos reciben de las ONG. Y ahora, también Ayuda a las Familias Chicharreras les entrega lotes de comida procedentes del Banco de Alimentos.
Más parados y menos empresas. La reforma laboral está a punto de cumplir dos años y las cifras siguen reflejado una realidad trágica. La crisis está haciendo mucho daño a los trabajadores, pero también a los empresarios, que luchan por sobrevivir en tiempos de escaso crédito y duros desembolsos en forma de impuestos. Desde 2007 se han contabilizado 9.964 empresas menos inscritas en la Seguridad Social, según datos del Istac. En diciembre de 2007 había 64.769 compañías y en el mismo mes de 2013 solo 54.805. Más de la mitad de la caída se registró en pymes dedicadas al sector de la construcción: se pasó de 9.792 a 3.885, es decir, en seis años desaparecieron 5.907 empresas. La industria y la agricultura también sintieron el empobrecimiento generalizado.
Buscan en el extranjero la salida profesional que no encuentran en el Archipiélago. La mayoría son jóvenes de entre 25 y 35 años de edad, cualificados y sin cargas familiares. Buena parte de ellos, los 6.303 que dejaron las Islas el último año -según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Censo Electoral de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA)-, podrían quedarse ahora sin cobertura sanitaria en virtud de un impreciso texto legal puesto en marcha recientemente por el Gobierno del Partido Popular. En concreto, según publicó el BOE el pasado 26 de diciembre, el 1 de enero entró en vigor una limitación a la Ley General de la Seguridad Social, en virtud de la cual, y “a efectos del mantenimiento del derecho de las prestaciones sanitarias, se entenderá que el beneficiario de dichas prestaciones tiene su residencia habitual en España aún cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que estas no superen los 90 días en cada año natural”.
La desatención que sufren muchas personas dependientes viene siendo uno de los principales motivos de las críticas que reciben los gobiernos regionales, y el de las Islas no es una excepción (cabe recordar que más de 4.000 de estas personas han muerto en el Archipiélago desde 2010 sin disfrutar de la prestación a que tenían derecho). Uno de los problemas es la tardanza en la resolución de los expedientes, lo que aboca a miles de solicitantes a aguardar incluso años. En Canarias son exactamente 11.823 quienes están en espera de que la Administración resuelva sus casos para saber si podrán contar o no con la prestación. 
"El papel histórico de Juan Negrín se resume bajo el adjetivo y cualificación de patriota"
La furgoneta en cuestión de cerca. LOS GOBIERNOS YA NO SABEN CÓMO MATARNOS MÁS!!!!!
